Seriamente amagada se encuentra la seguridad de la población, piedra angular en la que se sustenta todo el entramado de relaciones sociales y las oportunidades que ofrece la vida en común. Si los bienes de las personas les pueden ser arrebatados por terceros sin que la autoridad logre desarticular a los responsables, o si la integridad física de aquellas queda a merced de bandas criminales y ni siquiera las fuerzas de orden escapan a ese estado de cosas —como los recientes asesinatos de carabineros lo demuestran—, entonces la confianza social se desploma, la incertidumbre que ello induce desmorona la planificación de largo plazo y, así, la construcción de futuro se hace extremadamente difícil.

Hay conciencia de las complejidades que la solución del problema de la inseguridad ciudadana conlleva, tanto por la multitud de variables que intervienen, como porque sus resultados solo se logran después de plazos largos, desatando en el intertanto frustración ciudadana. Las vacilaciones y constantes cambios que la autoridad se ve en la necesidad de introducir en sus planes como resultado de lo anterior, suelen agravar dicha insatisfacción.

En ese escenario, el lenguaje destemplado que se ha ido deslizando al debate público reciente solo consigue empeorar los ánimos y, como resultado, nubla el razonamiento de los agentes y facilita las equivocaciones en las decisiones que se deben tomar para atacar el flagelo.

La precipitación con que un alto general de Carabineros vetó la participación de una periodista en un punto de prensa —molesto por un error , pero que ella misma ya había rectificado— y que, a su vez, ello haya resultado en la desvinculación de la profesional del medio en el que trabajaba; el que el Partido Liberal utilice en su franja electoral la imagen del exlíder de la Alemania nazi para referirse a un adversario político; el que el propio ministro de Hacienda, caracterizado por la sobriedad de sus comentarios, se haya permitido vincular la rechazada reforma tributaria con el problema de la seguridad que afecta al país, o que la ministra del Interior intervenga refiriéndose a las aristas judiciales que rodean la actuación de un carabinero atacado por delincuentes, en vez de dejar que ello se canalice institucionalmente en el ámbito que corresponde, son todos indicativos del inadecuado ánimo con el que los actores están participando en el debate.

De ahí que parezca necesario que estos recuperen su templanza, que eviten las connotaciones inflamatorias en el lenguaje que utilizan —la ofensa al adversario solo conduce a su retaliación, creando un círculo vicioso— y que bajen el nivel emocional al que han llegado, recuperando con ello la deliberación reposada y razonada de los argumentos como la principal herramienta a utilizar en el debate público.

Lo anterior, sin embargo, no significa que la autoridad deba inhibirse de actuar con energía frente a la delincuencia o de trabajar de manera mancomunada con las fuerzas de orden en el combate al crimen. La convicción con que ella tome sus decisiones es clave, y debe basarse en el reconocimiento de que esas fuerzas son, efectivamente, el brazo que la ley entrega al Estado para defender a las personas y sus derechos, y no, como sectores octubristas quisieron presentarlas hasta hace muy poco, un enemigo de la ciudadanía.

La claridad y precisión en el lenguaje, la ausencia de epítetos innecesarios y la disposición constructiva con que se aborde el debate sobre la seguridad pública, son perfectamente compatibles con la firmeza y convicción con que se actúe en la práctica, entendiendo que esa combinación es la mejor aproximación para hacerlo y que, además, así se transmite confianza y tranquilidad a una ciudadanía agobiada por la angustia.