En los últimos años hemos tenido un gran número de votaciones y nos hemos acostumbrado a que los votos se cuenten rápido y sin problemas. Alrededor de las 18 horas del día de la elección, el Servel comienza a publicar los resultados parciales de los votos a nivel nacional, regional, comunal, por circunscripción electoral, lugar de votación y mesas. Cada media hora, o menos, se actualizan los resultados; cerca de las 9 de la noche ya se ha contabilizado la mayoría de las mesas; y, poco después, disponemos de los cómputos finales.

Inexplicablemente, las elecciones de las directivas de los partidos políticos son muy distintas. El conteo de votos puede tomar días y hasta semanas, las acusaciones de fraude abundan y es habitual que los resultados a nivel de mesa no se conozcan, públicamente al menos, nunca.

¿Cómo es posible que seamos capaces de contar rápidamente millones de votos en las elecciones nacionales y que tardemos días y semanas cuando se trata de elecciones partidarias con muchos menos votantes? La diferencia se explica porque son los propios partidos los que organizan sus actos electorales, incluyendo el recuento de votos. En 2016, producto de una enorme presión de la sociedad civil y a pesar de la oposición de la mayoría de los partidos, el Congreso aprobó que el Servel tuviera la facultad, si un partido lo pedía, de organizar las elecciones internas en las comunas solicitadas. No alcanzaron los votos en el Congreso para que fuera obligatorio que el Servel administrara estas elecciones. El principal argumento esgrimido en contra fue que les quitaba autonomía a los partidos. Han transcurrido siete años y sigo sin entender qué tiene que ver la autonomía con que los votos se cuenten correcta e imparcialmente.

Ese frágil argumento no nos sirve para conocer el interés de los partidos por oponerse a la organización de sus elecciones internas por parte del Servel. Varios estudios y reportes de prensa sugieren que las directivas se benefician, electoralmente, al organizar sus propias elecciones. También se beneficia el partido completo cuando, ante una participación exigua, se triplica el número de votantes totales informados, sin alterar los porcentajes de cada candidato. No está claro si estas prácticas aún existen, pero sorprende que, desde que tienen la posibilidad, tan pocos partidos hayan optado por pedirle al Servel que organice sus elecciones y que, aquellos que lo pidieron, fue solo para unas pocas comunas. Al parecer, aún hay razones para no tener un ente imparcial y técnico a cargo de estos actos electorales.

Todo esto podría cambiar con la nueva Constitución. Esta semana, la Comisión Experta del nuevo proceso aprobó una serie de normas para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia, con especial énfasis en reducir la fragmentación de partidos políticos y dar mayor gobernabilidad.

Entre las normas aprobadas, una de las más comentadas es aquella que contempla que los partidos que obtengan menos del 5% de los votos a nivel nacional en las elecciones de diputados no tendrán representantes en la Cámara Baja, independiente de la votación que obtengan sus candidatos. El sistema binominal no representaba adecuadamente a una sociedad cada vez más diversa, de modo que su contribución a la gobernabilidad en los inicios de la transición se fue erosionando. El sistema actual, en cambio, promueve un exceso de partidos que muchas veces responden más a liderazgos personales que a diferencias programáticas. Fijar un umbral de votación mínima para tener representación parlamentaria contribuye a equilibrar los objetivos de representatividad y gobernabilidad. Sin embargo, algunos líderes partidarios ya han anunciado su intención de reducir el umbral propuesto, lo cual atentaría contra la efectividad de esta norma.

También destacan las normas aprobadas que les otorgan más poder a las directivas, por ejemplo, permitiendo la destitución de los parlamentarios que renuncien a su partido. Conscientes de que directivas más poderosas requieren de mayores contrapesos al interior de los partidos, se han incluido artículos que apuntan a fortalecer su democracia interna. Uno de estos exige que las elecciones internas de los partidos sean administradas por el Servel.

El Consejo Constitucional que elegiremos el 7 de mayo tomará como punto de partida el anteproyecto que le entregará la Comisión Experta para redactar la propuesta sobre la cual tendremos la palabra (o el voto) final. El riesgo de este proceso es que la mayoría de los miembros de la Convención vendrán de partidos que tienen mucho que perder si se aprueban estas normas. ¿Cómo superar este evidente conflicto de interés? ¿Cómo se puede evitar que se caiga la norma que adjudica al Servel la organización de las elecciones internas y que el umbral del 5% se reduzca a un valor irrelevante? Un miembro de la Comisión Experta ha dicho que será obligación de quienes integran esta instancia convencer a los consejeros. La ciudadanía puede jugar un rol aún más importante que los expertos, votando por consejeros comprometidos con estos cambios. Los expertos han mostrado tener una valiosa autonomía de las directivas partidarias; si elegimos consejeros comprometidos con estos cambios, estaremos votando por quienes ponen el sistema en su conjunto por sobre las ganancias partidistas.

Lamentablemente, la situación actual nos tiene escépticos. Lo sucedido esta semana con la Ley Naín-Retamal es otro síntoma más de lo mal que está la política chilena. No solo tenemos un Congreso incapaz de avanzar en temas clave para la ciudadanía, como una reforma de pensiones, sino que, cuando por fin se decide a legislar, como lo ha hecho esta semana respecto del rol de las policías, lo hace a la rápida, con una lógica cortoplacista, al ritmo de los matinales, sin evidencia y sin una mínima discusión. La legislación propuesta no resuelve los serios problemas de seguridad, y cuando la ciudadanía constate, más temprano que tarde, lo efectistas y poco efectivas que fueron las medidas aprobadas, la frustración y desconfianza respecto a la capacidad de la política aumentarán.

Es probable que la campaña electoral para elegir consejeros constitucionales se centre en la contribución que puedan hacer para que el texto constitucional resuelva los problemas que más le preocupan a la gente, como la seguridad ciudadana. La verdad es que el nuevo texto constitucional no es la instancia apropiada para abordar los desafíos en materia de seguridad y lo que se incluya impactará poco o nada en este tema. En cambio, mejorar el funcionamiento de la política es, probablemente, el principal tema donde la nueva Constitución puede influir de manera decisiva.

Solo en coyunturas excepcionales es posible realizar los cambios que requiere el sistema político, cuando los parlamentarios incumbentes no tienen la habitual facultad para vetarlos. Una de estas coyunturas es cuando se redacta y vota una nueva Constitución, en la medida en que los consejeros electos tengan suficiente independencia de los partidos que los nominan. Las propuestas al sistema político que ha presentado esta semana la Comisión Experta exhiben esa necesaria independencia. Cuando votemos el 7 de mayo elegiremos consejeros con preferencias políticas muy diversas, pero ojalá escojamos entre aquellos que tengan en común su compromiso con apoyar y profundizar los cambios al sistema político, como los que ha propuesto esta semana la Comisión Experta.