El crimen organizado es un virus maldito. Incuba por años y cuando se manifiesta puede ser tarde. La dolorosa muerte de tres carabineros en cosa de semanas a manos de delincuentes deja esa triste sensación. No hay duda de que la situación es grave, ¿pero sabemos realmente de qué estamos hablando? ¿Cuán grande es la industria del crimen y droga que opera en el país?

Hay distintas formas de abordar la pregunta (ninguna muy exacta), pero la invitación es a reflexionar más o menos en esta línea: Si tuviésemos una estimación de cuántos serían los recursos necesarios para erradicar la lacra, podríamos aproximar el tamaño del negocio que se quiere exterminar. ¿Cómo así? No es obvio, pero dele una vuelta. Esos recursos serían algo así como el impuesto a cobrar para quebrar la industria criminal. Luego, con un par de supuestos, uno podría proyectar el tamaño de su operación. “Ya, pero no tenemos el impuesto”, dirá usted. No es del todo cierto.

Tomemos, por ejemplo, la última propuesta del Gobierno: el Plan Calle sin Violencia. En su presentación, el Presidente Boric dijo: “Vamos a limpiar de armas nuestros barrios”. Frente al angustioso drama, uno asume que sus equipos técnicos calcularon el esfuerzo económico necesario para terminar con el crimen organizado. ¿El monto? En régimen, US$ 1.500 millones adicionales todos los años destinados a ese fin. ¡Muchísima plata! Buena noticia. Ahora, y este es el punto, el tamaño del esfuerzo (cerca de 0,5% del PIB actual), ¿qué nos dice del volumen del negocio a erradicar?

Me tiro a la piscina. Asumamos que el plan funciona (ojalá así sea) y el impuesto implícito que significan esos US$ 1.500 millones desbarata el crimen organizado o, al menos, genera suficientes incentivos para desviar sus operaciones a otros países. Para esto, digamos que, por cada dólar destinado a dar la pelea, los criminales pierden dos. Eso se traduciría en un impacto de US$ 3.000 millones en los márgenes de sus negocios al año. Bajo el supuesto de erradicación, eso dejaría a parte importante de las bandas fuera de acción.

Ahora, asumamos que el gasto del Estado es híper eficiente, las organizaciones criminales son homogéneas y que el 75% de estas desaparece por la nueva acción policial financiada anualmente con los nuevos recursos. Entonces, estaríamos hablando de una industria de márgenes cercanos a US$ 4.000 millones (3/0,75). Finalmente, si la tasa de retorno del negocio es un 25%, las ventas de la industria superarían los US$ 16.000 millones al año (4/0,25) o 5% del PIB. Esto sería suficiente para, por ejemplo, evitar el derrumbe del consumo agregado a pesar del menor crecimiento, mayor inflación y altas tasas de interés (para el más pro: ¿y la magnitud de los errores y omisiones de la Balanza de Pagos de Chile en los últimos años?).

Todo, claro, depende de los supuestos. Por lo tanto, tome las cifras con precaución y ajuste los parámetros a discreción. Pero al hacerlo, piense en el sencillo argumento: el gigantesco esfuerzo financiero que el Gobierno ha planteado, informa del tamaño de la industria que es necesario tumbar.