Señor Director:

Conservo todavía, tal como hace el profesor Fermandois (miércoles), el optimismo de que este nuevo proceso constitucional logrará construir un espacio normativo común donde las principales ideas políticas del país puedan optar lealmente por su concreción democrática.

Comparto también aquella necesidad de que el texto constitucional que se acuerde refleje, ahora claramente, la validez del despliegue activo del Estado como promotor del bien común. En ello, la inclusión de la cláusula de Estado social será indudablemente central. Si en algo hay claridad es en que la figura del Estado social nace precisamente como forma de corrección (y no supresión) del llamado Estado liberal. Un Estado social no descarta la participación de privados en las prestaciones sociales. Lo que sucede es que la pregunta sobre quién específicamente realiza la prestación pública es ahora una cuestión secundaria y no la principal, como lo era bajo el paradigma del Estado liberal. En un Estado social lo relevante son las condiciones de calidad y universalidad con las que se entregan servicios públicos —ahora en forma de derechos sociales— a la ciudadanía.

La idea matriz de un Estado social es que aquella libertad e igualdad de las personas, o aquella centralidad y dignidad de las mismas, no se mantengan en las palabras, bajo la excusa de que el rol del Estado en hacerlas realidad es solo subsidiario. Un Estado social nunca se opone a la libertad. Por el contrario, es uno que la toma en serio y no la deja abandonada al simple y descarnado juego de la facticidad.

Finalmente, la idea de que una Constitución debe necesariamente elegir entre poner en el centro a la persona o al Estado representó siempre un sinsentido. Nadie duda de que toda construcción jurídica debe estar hecha para beneficio y servicio de las personas. El problema ha sido siempre otro, cual es que alguien sostenga haber construido un estatuto jurídico especial de la persona que se opone y limita lo que la democracia esgrime como políticas en favor de esas mismas personas. Y en esto, solo la necesaria fusión entre democracia y derechos fundamentales ha representado la mejor respuesta disponible.

Raúl Letelier Wartenberg
Profesor de Derecho Administrativo
Universidad de Chile