El proceso de redacción de la nueva Constitución, que se realiza según lo convenido en el Acuerdo por Chile y en la reforma constitucional que el Congreso aprobó para plasmarlo, marca un fuerte contraste con la Convención de 2021-22, tanto en su contenido como en la forma. En contenidos, porque en vez de partir desde una “página en blanco” —lo que invitó a los antiguos convencionales a incorporar en sus artículos los más diversos planteamientos y temas, sin más límite que su imaginación normativa—, el actual documento debe atenerse al marco que entregan las 12 bases fundacionales de dicho acuerdo. Y en la forma, porque, al revés de la embriaguez refundacional y afán mediático que caracterizaron el anterior proceso, los participantes que hasta ahora han intervenido —partidos y parlamentarios que convinieron el Acuerdo por Chile, miembros del Comité de Expertos e integrantes del Consejo Técnico de Admisibilidad— han actuado con sentido de responsabilidad, evitando estridencias y buscando desde el inicio amplios acuerdos.

Los expertos convinieron rápidamente el reglamento que regiría su actuar, y ahora han aprobado en general los contenidos de los respectivos capítulos con inesperada rapidez. Ello sugiere que su esfuerzo —no exento de intensos debates internos, como han revelado algunos de sus participantes— ha estado orientado a alcanzar consensos transversales que se entronquen con la tradición constitucional chilena. Todo ello merece ser celebrado, y constituye una auspiciosa señal para el posterior trabajo de revisión y corrección que los consejeros que se elijan democráticamente el 7 de mayo próximo deban hacer.

Asimismo, los expertos han actuado con prudencia, evitando introducir cambios radicales que podrían generar inquietud ciudadana o evidenciar futuros problemas en su aplicación práctica, pues ello podría afectar el prestigio de la nueva Constitución en caso de que ella fuere aprobada. De ahí, por ejemplo, la decisión de no innovar en el sistema presidencial, a pesar del gran debate que el país ha tenido al respecto, manteniendo la no reelección inmediata, aunque limitando el número de reelecciones posibles a dos.

Con todo, hay materias en las que sí se han introducido innovaciones. Entre ellas, el que los partidos políticos deban alcanzar un 5% de los votos para tener representantes en el Congreso, con el objeto de mitigar la fragmentación política actual, que debilita fuertemente la gobernabilidad; se trata de una fórmula que, a la luz de la experiencia de los últimos años, parece justificada. Más discusión amerita la introducción de iniciativas ciudadanas, tanto para proponer leyes como para derogar algunas ya promulgadas, lo que puede dar lugar a manipulaciones populistas vociferantes, interfiriendo con el debate político más reposado de la legislación bicameral. Asimismo, la creación de la figura de “ministro coordinador” de gobierno, sin que su objetivo sea muy claro, o la evaluación por parte de la Cámara de los ministros en ejercicio, que parecieran maneras inadecuadas de limitar el poder presidencial.

Por otra parte, se echan de menos temas que están en el debate público contemporáneo y respecto de los cuales la Constitución podría orientar su posterior solución política: la relación entre sociedad y naturaleza, entre políticas públicas y conocimiento científico-tecnológico, o el tratamiento de las etnias originarias. Su ausencia podría dar lugar a críticas posteriores, que alteren la anhelada estabilidad constitucional futura.

El que el actual proceso carezca de protagonismo mediático puede facilitar su aprobación en el plebiscito o, por el contrario, generar una sensación de lejanía ciudadana. De ahí la importancia de que haya un debate público abierto, informado y responsable al respecto.