En el debate constitucional, muchos piden reformar el presidencialismo excesivo que supuestamente está consagrado en la Constitución actual, mientras otros argumentan, con la misma intensidad, evitar el parlamentarismo de facto que presumiblemente está produciéndose en Chile. La fragmentación del sistema de partidos, fenómeno que se exacerba por el sistema de representación proporcional con bajas barreras de entrada, empeora las falencias evidentes en el balance de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo.

Pero antes de prescribir los remedios, es esencial saber cuál es la enfermedad. Con evidencia de la década de los 90, tempranamente se estableció que el sistema político chileno era fuertemente presidencial. La evidencia de cuatrienios recientes desmiente esa afirmación. Si bien bajo Aylwin (1990-94), el 80% de las 437 leyes promulgadas se presentaron como mensajes presidenciales, después de las reformas de 2005, en el primer período de Bachelet (2006-2010), esa cifra fue solo el 60%. En 2014-2018 y 2018-2022 alcanzó mínimos históricos de 52% y 36%, respectivamente.

Por cierto, hay una innegable inflación en los proyectos de ley presentados por legisladores. Durante Aylwin, los parlamentarios presentaron 496 proyectos de ley. Desde 2006 se han presentado, en promedio, 2.500 por período presidencial, con un récord de 3.040 en el período 2018-2022. Como muestran Faúndez et al. (JLS, 2022), entre 1990 y 2018, solo un 8,1% de esos proyectos se convirtió en ley. En contraste, los proyectos de los presidentes son más exitosos. Mimica, Navia y Osorio (LSQ, 2023) muestran que el 59,6% de los proyectos de ley del Presidente (1990-2018) fueron promulgados. La cifra sube al 70,6% si se incluyen los mensajes promulgados como ley en períodos posteriores.

Para que los proyectos sean exitosos, sigue siendo esencial que reciban urgencia presidencial en su tramitación. Como mostramos en Jaime y Navia (Democratization, 2022), las mociones legislativas con urgencia presidencial tienen casi tantas probabilidades de convertirse en ley como los proyectos presentados por el Presidente. En algunos casos, esas mociones son también prioridades del Presidente (como la ley que legalizó el divorcio en Chile, que fue presentada como moción legislativa y recibió urgencia del Presidente Lagos). En otros casos, los presidentes simplemente negocian apurar prioridades de legisladores a cambio de que el Congreso se allane a aprobar prioridades del Ejecutivo. Con todo, el proceso legislativo toma demasiado tiempo. Las 2.315 leyes promulgadas entre 1990 y 2018 tomaron, en promedio, 646 días de tramitación —aunque, con 405 días promedio, los mensajes presidenciales fueron tramitados con algo menos de lentitud.

La combinación de reformas constitucionales que han restringido el poder del Presidente y han dotado al Congreso de más atribuciones, con reformas electorales que han fragmentado el sistema partidista y han aumentado el número de legisladores explica la disminución del poder del Ejecutivo en el proceso legislativo y la creciente influencia del Congreso. El texto que prepara el Comité de Expertos debiera buscar ajustes sensatos que optimicen la eficiencia en el proceso legislativo y la capacidad de ambos poderes de frenar excesos que pudieran nacer del otro poder.

El sistema político de Chile no necesita refundación. Porque no tenemos ni presidencialismo excesivo ni parlamentarismo de facto, es crucial introducir reformas específicas que optimicen el proceso de urgencias presidenciales, que limiten la presentación excesiva de proyectos de ley de parlamentarios y que apuren el tiempo que toma para promulgar una ley. Para hacerlo bien, hay que tener a mano la evidencia y no seguir repitiendo afirmaciones que no se sustentan en los datos.

Patricio Navia