Señor Director:

La administración estatal de fondos previsionales nunca ha tenido como objetivo mejorar las pensiones de los trabajadores. Ante la dificultad de conocer las verdaderas intenciones de quienes promueven esa participación, es mejor conocer el resultado práctico de esas medidas a través de algunos ejemplos.

En Bolivia, los fondos de los trabajadores ascienden a US$ 24.000 millones. A estos hay que restar US$ 7.000 millones que las AFP se vieron obligadas a invertir en instrumentos estatales. Como el Estado no podrá cumplir con ese compromiso, los fondos ya se han reducido en la práctica a US$ 17.000 millones.

En 2010, el gobierno boliviano creó la Gestora Pública de la Seguridad Social, que sería la encargada de administrar los fondos que debían traspasar las AFP. Frente a la incapacidad de la Gestora para asumir la administración de esos recursos, el inicio de sus operaciones debió posponerse en 2016, 2017, 2019 y 2021. En mayo, cuando finalmente la Gestora debería abrir sus puertas, las AFP deberán traspasar al Estado toda la cartera de inversiones.

En Argentina fue similar. La confiscación de los US$ 30.000 millones que los trabajadores tenían en sus cuentas fue precedida de la obligación de invertir el 30% de su cartera en bonos estatales. Ante la imposibilidad de pagar esa deuda, se confiscaron los fondos.

Además del riesgo de confiscación y captura de los ahorros previsionales cuando organismos públicos se hacen cargo de invertir y administrar los fondos de pensiones, existe amplia evidencia de que los retornos de largo plazo que han obtenido son inferiores a los logrados por el sector privado.

No podemos juzgar intenciones con la eventual creación del APPA e IPPA en Chile, pero sí comprobar los resultados de esas políticas.

Guillermo Arthur
Presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP)