El cobarde asesinato de dos carabineros en los últimos días ha precipitado una “crisis de seguridad”, caracterizada por una intensificación de las demandas ciudadanas hacia los poderes del Estado en cuanto al combate de la delincuencia. Igual como ocurre en muchos otros ámbitos, en lugar de adoptar medidas concretas para mejorar el funcionamiento de las instituciones y la aplicación de las leyes vigentes, el sistema político ha reaccionado impulsando nuevos y simbólicos proyectos de ley. De entre ellos, unos pocos apuntan a resolver problemas operativos allí donde realmente aprieta el zapato. Este es el caso del proyecto que faculta a Gendarmería para realizar labores investigativas al interior de los penales y del que define un procedimiento claro de detención, identificación y remisión a la autoridad competente en el caso de infracciones migratorias. Otros proyectos establecen incrementos de pena de muy dudosa eficacia, sea porque las penas ya son suficientemente altas, sea porque la rigidez de su imposición a todo evento hará que, allí donde sean muy desproporcionadas, los tribunales se inclinen razonablemente por la absolución.

La reforma más controvertida está en el proyecto conocido como Nain-Retamal, y tiene por objeto establecer un criterio claro sobre el uso de la fuerza letal por parte de los carabineros, un asunto que se ha vuelto muy problemático en los últimos años. La propuesta escoge hacerlo por la vía de regular una legítima defensa “privilegiada” en el mismo Código Penal, junto a la legítima defensa a la que tiene derecho cualquier ciudadano. Concretamente, se prevé que cuando concurran ciertas circunstancias —por ejemplo, que la agresión contra el carabinero se realice con armas y tenga el potencial de producir lesiones graves, o que provenga de dos o más personas y a juicio del funcionario tenga alguna potencialidad lesiva—, entonces se presumirá que concurren todos los requisitos de la legítima defensa, salvo prueba en contrario.

Esta propuesta presenta muchos problemas técnicos y de política criminal. Entre otros, equipara el uso de fuerza letal por parte de los funcionarios con la defensa de cualquier ciudadano ante una agresión ilegítima. Esto es inadecuado, porque la regulación del Código Penal asume que el agresor y el que se defiende están en un plano de igualdad; así, por ejemplo, el requisito de falta de provocación suficiente por parte del que se defiende no tiene sentido cuando se trata de un carabinero que está cumpliendo sus funciones. En realidad, la regulación del uso de armas por parte de los carabineros está en el Código de Justicia Militar, que en conjunto con las normas reglamentarias contiene reglas en parte más exigentes y en parte más flexibles que las aplicables a los demás ciudadanos. Allí es donde se deben establecer los criterios claros que requieren las fuerzas policiales para poder cumplir con su deber. A este problema se suman una serie de ripios técnicos de la propuesta, como la perpetuación de la posibilidad de interpretar —en lo sustancial, erróneamente— que en la legítima defensa privilegiada se presume no solo la necesidad racional del medio de defensa, sino incluso la existencia de la agresión misma.

La agenda legislativa desplegada ante la “crisis de seguridad” es apresurada e, igual que la mayor parte de la legislación penal reciente, de escasa calidad técnica. Esto hace que las modificaciones no tengan efectos relevantes o, como en no pocos casos, sean contraproducentes. Sobre todo, el legislador parece olvidar que la crisis obedece a un problema político, que consiste en la validación de la violencia como método de protesta y en el desprestigio sistemático de las policías promovido por la izquierda durante los últimos años, generalizando y atribuyendo un carácter estructural y sistemático a deficiencias que son responsabilidad de personas o grupos de personas determinados. Aunque desde luego es posible introducir mejoras legislativas en ciertos aspectos, lo que con mucha distancia se requiere hoy es poner en marcha un proyecto de fortalecimiento institucional y profesional en Carabineros de Chile. La reforma apresurada del sistema penal traerá, en cambio, muchos más males que bienes.