La producción mundial de cocaína —u oro blanco— aumentó desde 1.000 toneladas anuales a casi 2.000 toneladas entre 2014 y 2020, un 100% en seis años, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Según el mismo organismo, San Antonio se convirtió en el principal punto de tránsito en el tráfico de cocaína originaria de Colombia y Perú (principales productores mundiales) con destino final Europa, Estados Unidos y México. La cocaína proveniente de Colombia llegaría desde el puerto de Buenaventura en contenedores, los que son nominalmente importados y reexportados, de modo que Chile aparece como el país de salida. Por otro lado, el informe plantea que la frontera norte de Chile representa un corredor por donde los traficantes trasladan la cocaína a los puertos de Arica y Antofagasta.

Chile no solo es un país en la cadena de valor de la droga, sino que también muestra números preocupantes de consumo. Entre 2013 y 2018, 1,5 de cada cien personas (entre 15-64 años) mencionaba haber consumido cocaína (en alguna de sus formas), este porcentaje cayó fuertemente durante la pandemia, pero ONU (2022), citando a la “Segunda encuesta online efectos del covid-19 en el uso de alcohol y otras drogas en Chile 2021”, estima que el consumo está volviendo rápidamente a sus niveles prepandemia. Estos niveles son superiores a los de Colombia y Perú. Según el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, previo a la pandemia, nuestros escolares estaban en el primer lugar en América en consumo de marihuana, cocaína y pasta base.

Por desgracia, el incremento del tráfico de drogas en Chile se ve acompañado de un aumento en la violencia y los homicidios. El número de crímenes subió un 43% en 2022 con respecto al año anterior. Estamos cercanos a 5 por cada 100 mil habitantes, lo que resulta alarmante si lo comparamos con el promedio entre los años 2010 y 2015, cuando teníamos algo menos de 3 homicidios por cada mil chilenos.

Por otro lado, si observamos que los homicidios en la Región de Tarapacá crecieron a 10,3 por cada mil habitantes —el doble del promedio nacional—, y las regiones con mayores tasas de delitos de mayor connotación social por habitante son Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Arica y Parinacota, y Valparaíso, todas ellas relacionadas al tráfico de droga, según el informe de la ONU, la relación entre violencia y drogas parece evidente.

La droga no solo se vincula con el crimen que hemos visto al alza en Chile, sino que también con la corrupción. Como señala Morris (2007), el narcotráfico entra con Plomo y/o Plata. Lo que hasta ahora parece sobresalir más es la violencia sobre la corrupción, pero ambos son males nefastos para la sociedad.

El país debe actuar de una vez contra el narcotráfico. Para esto, fortalecer a nuestras policías es importante, y darles las herramientas que permitan actuar de manera efectiva es fundamental. Pero no podemos perder de vista que lo más importante para frenar este mal es cortar el flujo de dinero que se genera de la actividad delictual.

En esto se avanza con el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos, el cual se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado. De aprobarse, se permitirá el rápido decomiso y enajenación de los bienes de la entidad criminal; se facilitará la labor de investigación al hacer más efectivo el uso de agentes encubiertos, las interceptaciones telefónicas, entre otras medidas intrusivas que mejoran la efectividad de la persecución de los criminales.

Aun cuando ese proyecto es un aporte sumamente importante, se requiere fortalecer aún más el acceso y capacidad de análisis de la información financiera en Chile, ya que muchas veces los ingresos generados por el crimen organizado terminan en el sistema financiero. Para avanzar en esto, las facultades y capacidades de la Unidad de Análisis Financiero deben fortalecerse; se debe flexibilizar el secreto bancario y otorgar un mayor acceso a cuentas, a fin de permitir un mayor y mejor análisis que permita identificar movimientos sospechosos de dinero. Pensar en mecanismos como delación compensada más generosa, en este caso, o pago a los informantes anónimos también deben ser analizados.

Muchas veces cuestionamos la adopción de este tipo de facultades intrusivas, pero para detener los homicidios, evitar que nuestros hijos caigan en la droga y que nuestras organizaciones sean corrompidas, debemos sacrificar no solo recursos, sino que también ciertos grados de privacidad.