Chile se encuentra en un momento clave, donde no solo es posible, sino más bien apremiante, llegar a grandes acuerdos que nos permitan avanzar hacia un Estado de Bienestar, fortaleciendo un desarrollo inclusivo tanto en materia social como territorial.

La aprobación unánime en la sala del Senado del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales y la ratificación —sin ningún voto en contra— del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el trabajo son experiencias alentadoras que muestran el camino a seguir.

Un desafío inminente es la necesidad de materializar una reforma al sistema previsional alineada con los principios de la seguridad social, que sea capaz de aumentar sustantivamente el monto de las pensiones actuales y futuras, y corregir las inequidades que afectan a las mujeres. Este es un anhelo muy esperado por la ciudadanía, que ha visto con frustración cómo dos intentos anteriores, durante las segundas administraciones de los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, naufragaron al no poder confluir en una solución respaldada por una sólida mayoría parlamentaria.

Tenemos, por lo tanto, una gran responsabilidad y es un deber de todos quienes estamos en política convenir una fórmula que permita alcanzar el objetivo de asegurar pensiones dignas a los chilenos y las chilenas. Como gobierno, hemos reiterado que estamos abiertos al diálogo y al contraste de propuestas. Al fin y al cabo, todo acuerdo es una construcción colectiva que solo exige buena fe, abandonar los dogmatismos y no perder de vista que los mecanismos no son un fin en sí mismos, sino que deben estar al servicio de los objetivos estratégicos. Lo que importa es que el diseño, la arquitectura final de una política pública logre los fines para los cuales fue concebida.

Ahora bien, un ámbito donde existe bastante consenso es la necesidad de fortalecer —como uno de sus componentes— el pilar no contributivo del sistema de pensiones (PGU), que juega un rol fundamental para superar la condición de pobreza en la vejez. La reforma que estamos impulsando contempla elevar la PGU a $250.000 y este único punto remite per se al imperativo de obtener acuerdos más amplios.

En efecto, un principio que ha dado prestigio a la política fiscal del país por más de tres décadas es que los gastos permanentes requieren ser financiados con ingresos permanentes. En consecuencia, es vital que concordemos una reforma impositiva que permita elevar la PGU y cumplir otros objetivos sociales que demandan con urgencia las familias, tales como garantizar la sala cuna universal, incrementar los recursos para las policías y reducir las listas de espera en la salud pública.

En esa perspectiva, el Gobierno ha planteado tres iniciativas en materia tributaria. La primera es el proyecto de royalty a la minería. La segunda es la que buscaba aumentar el impuesto a la renta y reducir la evasión y elusión, respecto de la cual, tras no conseguirse una mayoría a la idea de legislar, hemos iniciado un nuevo proceso de diálogo en el cual se aprecia un buen espíritu para llegar a puerto. La tercera iniciativa son los impuestos correctivos que se ingresarán al Congreso próximamente.

Quisiera destacar la importancia del royalty a la minería. Desde una perspectiva integral, la construcción de un país justo pasa por el fortalecimiento de los derechos sociales. De ahí nuestro énfasis en avanzar hacia un Estado de Bienestar. Pero también debemos generar condiciones para que exista justicia territorial y una descentralización efectiva. Tal es el objetivo del impuesto aludido, que financiará un “Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo”, otro para apoyar la equidad territorial favoreciendo a las comunas vulnerables, y están previstos también beneficios específicos para las comunas mineras.

Confiamos, entonces, en que todas y todos quienes tenemos incidencia sobre los asuntos públicos pondremos nuestra mejor disposición para responder a lo que la ciudadanía y las regiones esperan de nosotros. Un mejor futuro es posible, con un Chile desarrollado que pone ese potencial al servicio de un bienestar compartido a todo lo largo de su geografía física y humana. De paso —y desde luego este no es un asunto menor— contribuiremos a que las personas vivencien el sentido y valor de la democracia, que se debilita cuando se muestra estéril para responder a demandas sociales apremiantes.

Jeannette Jara Román
Ministra del Trabajo y Previsión Social