No sin controversias respecto de su real eficacia, comienzan a concretarse avances legislativos que apuntan a fortalecer a las policías frente a la crisis de seguridad pública. Si bien Chile ha sufrido un marcado aumento en los niveles de violencia desde octubre de 2019, ya antes especialistas habían empezado a alertar del negativo impacto que, para las aspiraciones de desarrollo, significa el progresivo debilitamiento del Estado de Derecho y del orden público que se vive desde hace ya casi una década. En un reciente seminario organizado por BTG Pactual, el tema fue relevado nuevamente como uno de los principales desafíos que enfrenta el país.

La literatura especializada ha identificado en la capacidad del Estado para garantizar el orden público uno de los pilares del progreso económico y social. En este sentido —y más allá de las legítimas controversias respecto de algunos de sus contenidos—, la existencia de acuerdos transversales para impulsar esta agenda representa, como señal política, un paso importante para lograr reposicionar al país dentro de una región que enfrenta los embates del crimen organizado y los carteles de drogas. Evidentemente, tales acuerdos han de ir de la mano con una modernización efectiva de las policías y con la provisión de los recursos físicos y humanos que sean necesarios, y dentro de una estrategia bien diseñada que aborde las muchas aristas del problema.

Pero los esfuerzos por retomar agendas con visión de futuro luego de una década de estancamiento deben ser desarrollados en distintos frentes. En este sentido, por ejemplo, el retraso en el ámbito de la educación observado durante esta administración, con esfuerzos aún muy modestos para enfrentar los fenómenos de ausentismo y deserción pospandemia, o la pasividad ante el desmoronamiento de liceos emblemáticos —a lo que se suma ahora la inentendible situación del Augusto D'Halmar, en Ñuñoa— constituyen un tema que requiere atención política transversal. No es aceptable que concepciones ideologizadas estén mermando un motor de crecimiento y desarrollo, como es la formación del capital humano futuro de la nación.

Las posibilidades de generar agendas sectoriales de promoción del crecimiento y el desarrollo también se ven afectadas por la confusión conceptual existente en distintos sectores políticos y empresariales. Inquietante resulta la unánime aprobación por el Senado del proyecto de jornada laboral de 40 horas, inicialmente impulsado por diputadas del Partido Comunista. Tal transversalidad parece ignorar los alcances de una iniciativa que tiene el potencial de agregar una amarra a la camisa de fuerza que domina al mercado laboral.

El resultado de aquel proyecto también debe poner en contexto la presión del Gobierno por impulsar una nueva versión de su reforma tributaria, la insistencia en los equivocados contenidos de su reforma previsional y las improvisaciones que aparecen en materia de salud. En todos estos ámbitos sería ciertamente positiva la construcción de acuerdos transversales, pero solo en la medida en que ellos se sustenten en diseños bien concebidos.

Lo mismo cabe respecto de la discusión constitucional y el trabajo que se encuentra desarrollando la Comisión Experta, particularmente en aquellas áreas donde se han evidenciado mayores diferencias, como han sido las de Principios, Derechos Civiles y Políticos, así como Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Tratándose de una instancia concebida precisamente para ofrecer una mirada no subordinada a la mera contingencia, cabe desdramatizar la existencia de discrepancias en la actual etapa. Antes que forzar anticipadamente acuerdos, la continuidad de un debate serio y bien sustentado debiera conducir a fórmulas de entendimiento más satisfactorias en torno a temas centrales para el futuro de nuestro país.