Una vez más, llegada una fecha simbólica, el país queda semiparalizado por algunas horas para dejarles amplios espacios libres a quienes quieran desplegar su violencia en protestas conmemorativas. Y de forma rutinaria y repetitiva los chilenos se enteran al día siguiente de los rudos combates. Esta vez no hubo hechos novedosos respecto de las otras ocasiones, puesto que se registraron buses de transporte público quemados, equipos periodísticos con varios lesionados, disparos, incendios y un carabinero herido a bala. El Ministerio del Interior informó de 75 personas detenidas.

Los disturbios de esta fecha se repetirán, previsiblemente, en al menos otras dos oportunidades durante el año: el 11 de septiembre y el 18 de octubre. Con todo, ya parece no ser un hecho semanal de los días viernes, los que han recobrado su normalidad, pero se mantiene el calendario de violencia programada ante la cual el Estado de Chile se ha vuelto claramente impotente. Si hace pocos días hubo molestias y hasta reacciones de escándalo por la suspensión de clases en Valparaíso debido al funeral de un joven narco asesinado, el país y sus autoridades debieran reflexionar sobre lo que significa esta entrega de las calles a los violentistas en fechas ya ampliamente conocidas. Los negocios instalan barreras protectoras en sus locales, se retiran los semáforos para que no los destruyan, las oficinas públicas cierran antes de tiempo, junto a las empresas privadas, y todos se van a sus casas dejando la ciudad a merced de grupos vandálicos.

Esta semana se conmemoraba el “Día del Joven Combatiente” y cabe preguntarse contra qué combaten estos jóvenes. Y no hay dudas de que combaten al Estado y a la sociedad chilena, que envía a sus policías encargados de mantener el orden público a hacerles frente para impedir que destruyan las ciudades. De paso, en cada oportunidad quedan lesionados y, muchas veces, también personas muertas, además de una herida en el alma del país, que contempla cómo se destinan recursos a ello, se deja de producir, de estudiar, de trabajar, se desvía la atención policial —más de seis mil carabineros se destinaron a frenar los excesos— y ni siquiera las autoridades pueden desarrollar tranquilamente las tareas que les corresponden, pues los jóvenes combatientes están conmemorando una fecha mediante la destrucción.

Ha transcurrido ya medio siglo desde el trágico quiebre de la democracia en Chile, lo que implica que ya han pasado dos generaciones de chilenos, pero continúa la disputa política originada en esa época y hay grupos de jóvenes que siguen enfrascados en las luchas del pasado. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, pareciera que, lejos de amainar, estas batallas se fueran intensificando progresivamente.

El poder del Estado, no obstante, es inmenso si se compara con el de cualquier grupo político y cabría esperar que un amplio acuerdo social hubiera otorgado las herramientas para frenar las conductas disruptivas en lugar de experimentar un gradual acostumbramiento, como parece estar sucediendo. Las herramientas para hacerles frente a tan catastróficos sucesos no son todas de carácter policial, sino que implican, también, un serio esfuerzo por mejorar la educación de la juventud, lo que además de ayudarles a comprender la historia de Chile les permita encontrar oportunidades laborales y de desarrollo personal atrayentes. Unido a una posición firme ante la violencia de todos los grupos políticos, debiera ser suficiente para que esta clase de manifestaciones vaya amainando. Pero si seguimos igual, lo probable es que continúe la intensidad de la violencia, disfrazada de combates heroicos que engañan a los jóvenes haciéndoles creer que están produciendo cambios positivos, cuando en realidad están sumiendo al país en un marjal del cual podría ser cada vez más difícil salir.