¿Por qué hay niños que verán pasar la vida sin su papá o mamá? ¿Por qué un padre, hace unos días, tuvo que despedir a su hijo Claudio junto a sus compañeros de trabajo y bomberos? ¿Por qué una viuda, con sus últimas fuerzas, emplaza a las autoridades mientras la última voluntad de Alex de ser donante se cumple dando vida con su muerte? ¿Por qué la sargento Olivares ya no estará en la calle defendiendo a los vecinos para luego llegar a casa a besar a sus hijos? ¿Cuánto pierde el país con una mujer y dos hombres generosos, con vocación de servicio, cuyas vidas fueron arrebatadas por la delincuencia?

La normalización de la violencia, el aumento sostenido en los homicidios y los delitos graves contra las personas, la penetración del narcotráfico y el crecimiento del crimen organizado nos están pasando la cuenta brutalmente.

Hijos que quedan sin padres, padres que quedan sin hijos, comunidades enteras afectadas. Estamos llegando tarde. Lo hemos sostenido desde hace mucho tiempo, hemos puesto foco en los efectos y no en las causas. Al narco se le combate no solo con armas y leyes, sino principalmente reduciendo el consumo que lo sostiene. La violencia se extingue cuando al interior de la familia somos capaces de criar con ternura y afecto, cuando en el colegio no segregamos ni discriminamos, sino que incluimos.

Hoy nuestro país enfrenta una profunda crisis en la niñez. Tenemos los indicadores más altos en consumo de alcohol y drogas en Latinoamérica. Más de 50 mil niños han sido excluidos del sistema escolar y sobre un millón doscientos mil están en grave riesgo de ausentismo crónico; las listas de espera de “Mejor Niñez” crecen sostenidamente a niveles que más que duplican los que había en 2021; aumenta la participación de niños en delitos violentos y en bandas organizadas; 14 mil niños no cuentan con tratamiento necesario para salud mental. Con todo este panorama, no disponer de una oferta preventiva basada en la evidencia a nivel local es una grave inconsecuencia, particularmente en el marco de la ley de “Protección integral de la niñez”.

Cuando junto a otras organizaciones de la sociedad civil nos correspondió presentar nuestras observaciones ante la comisión que tramitó el proyecto de ley, insistimos en la necesidad de fortalecer la protección administrativa que diera fuerza a la instalación de las oficinas locales de niñez, que actuaran evitando la cronificación de graves vulneraciones de derecho a la base del desarrollo de conductas problemáticas como el consumo de alcohol y drogas, la violencia, la exclusión educativa y la delincuencia, entre otras. Es cierto que en toda implementación de una ley opera un principio de gradualidad; sin embargo, las condiciones que enfrenta la niñez hoy día hacen que debamos impulsar un sentido de urgencia que llegue antes y que logre detener el secuestro de los niños por parte de organizaciones delictivas, que garantice fortalecer las capacidades familiares con modelos prosociales, que ayude a la cohesión de la comunidad y que garantice un desarrollo positivo de niños y niñas en nuestro país.

El Estado y los garantes tienen una gran responsabilidad: “Respetar la niñez es ley”. La omisión en su cumplimiento es de una gravedad superlativa y exige las máximas responsabilidades. La sociedad civil debe, por un lado, colaborar en apoyar con buenos modelos y oferta, pero también exigir el cumplimiento de los derechos y deberes consagrados en la legislación. No es posible avanzar en reducir los índices de criminalidad ni garantizar la seguridad de la población sin fortalecer la prevención social, sin ayudar a padres, madres y cuidadores a construir vínculos sanos con sus hijos, que eviten el surgimiento de factores de riesgo que permitan el desarrollo de conductas problemáticas.

Estas son las urgencias y prioridades que hoy nos debieran ocupar. Proporcionar una oferta completa y con resultados, avanzar en la instalación de programas de alto estándar y no retroceder en aquellos que han demostrado su eficacia por meras razones presupuestarias. Cuando el mismo Estado reconoce US$ 14 mil millones al año invertidos en programas con desempeño insuficiente, resulta paradójico no hacer este esfuerzo, que sin duda impactará en miles de familias y comunidades que no tendrán que llorar la pérdida de quienes tanto bien le hacen a Chile.

Marcelo Sánchez
Gerente general Fundación San Carlos de Maipo

Mónica Jeldres
Jueza de Familia