Una de las preguntas más relevantes a la hora de discutir sobre la necesidad de una reforma tributaria es, desde el punto de vista fiscal, si se necesitan o no más recursos para llevar a cabo ciertas acciones por parte del Estado. Un punto de partida para este análisis es revisar el estado de las finanzas públicas. En el caso de Chile, la proyección actual es estable, pero estrecha. El superávit fiscal histórico logrado en 2022 aportó a la estabilización de la deuda pública proyectada, en circunstancias que el país mostraba una trayectoria creciente desde el año 2008. La mayor deuda se venía acumulando a un ritmo promedio de 2,3 puntos del PIB (Producto Interno Bruto) anual, acelerándose a casi 3 puntos en los últimos 10 años. Según la última estimación, y gracias al esfuerzo de 2022, este continuo aumento de la deuda se desacelerará a casi un tercio, estabilizándose a 2026 en 41,4% del PIB.

Para cumplir tal estimación, el escenario de mediano plazo es estrecho: este año se volverá a un déficit fiscal y el gasto en promedio podría crecer un 1,8% entre 2024 y 2026, y en ese último año existiría una holgura equivalente a solo un 0,18% del PIB.

Los recursos que se contemplaba recaudar con la reforma tributaria rechazada financiarían un aumento en pensiones, salud y una agenda de seguridad social y ciudadana por 1,4%, 0,9% y 0,5% del PIB, respectivamente. En suma, US$ 12.000 millones anuales que se hubiesen destinado a medidas de alta preocupación ciudadana.

Ahora, cabe preguntarse: ¿es posible contar con dicho financiamiento a partir de otras fuentes?

Una alternativa rápidamente descartable es el aumento de la deuda pública. La presente administración se ha comprometido con la sostenibilidad de las finanzas públicas, mediante el establecimiento de un nivel prudente de deuda en su Decreto de Política Fiscal y una propuesta de modificación a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Adicionalmente, la proyección creciente de gasto por intereses de la deuda alcanzaría un 1,2% del PIB en 2026, lo que duplicaría los pagos por este concepto respecto de 2011. Endeudarse no es inocuo, y actualmente ya produce una disminución de espacio de gasto por US$ 5.400 millones para otras iniciativas en 2026.

La segunda alternativa es revisar el gasto, que sin dudas tiene espacios de mejora, pero acotados. El grueso de los recursos de la oferta programática está comprometido en leyes permanentes, obligaciones contractuales, inversiones y una serie de otros gastos rígidos que alcanzan a cerca del 90% del total. Reflejo de esto es que del total de gasto presupuestario, cerca del 20% se destina al sistema de pensiones; 20% a educación, incluidos subvenciones, gratuidad y carrera docente; 20% a salud, asignado a hospitales, financiamiento de la Atención Primaria de Salud, entre otros; y 12% a orden público y defensa. Justamente estas áreas son las principales preocupaciones ciudadanas que se busca fortalecer. La responsabilidad en este caso está en corregir y lograr mayor eficiencia y productividad.

En el resto del gasto, existen oportunidades de avance, sobre todo considerando lo que podríamos llamar una oferta programática fragmentada. De una oferta de más de 700 programas, el 45% percibe presupuestos menores a $2.000 millones. Son programas pequeños, no siempre bien articulados, que podrían eficientar sus procesos y reducir gasto administrativo, vía fusión de iniciativas. Si bien la racionalización de la oferta es relevante y es parte de lo comprometido en el marco del Protocolo de Acuerdo del Presupuesto 2023, el éxito en esta tarea no redundará en montos significativos que nos permitan abordar los desafíos presentes, ya que la sumatoria de todos estos microprogramas asciende a solo un 0,1% del PIB. Además, cabe recordar que en la Ley de Presupuestos 2023 los programas evaluados tuvieron una correlación con el presupuesto asignado, lo que llevó a que los programas con mala evaluación tuvieran un ajuste del 22%.

De esta manera, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, responsablemente ante la ciudadanía, propone asumir un esfuerzo por aumentar los ingresos estructurales en el mediano plazo a través de una reforma tributaria, de manera de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes, en conjunto con la agenda de modernización del Estado y de eficiencia del gasto público.

Javiera Martínez Fariña
Directora de Presupuestos