El Gobierno no consigue demostrar un compromiso decidido con la seguridad. Instala a las Fuerzas Armadas en la frontera norte, renueva los estados de excepción en el sur, pone urgencias legislativas. Pero reiteradamente da señales por las que se asoma la incomodidad, como el rechazo que manifiesta un cuerpo frente al órgano ajeno que le ha sido trasplantado para preservar la vida.

El país ha valorado el cambio en su agenda, cuando la original apuntaba en otro sentido (su primera decisión fue retirar más de cien querellas del estallido). Pero mira desconcertado las señales de debilidad, como la incoherencia de indultar cuando se estaba sellando un acuerdo por la seguridad, y la resistencia a fundarlo más allá de la formalidad de la facultad presidencial, incluso después de revelarse los antecedentes nefastos de los liberados.

Esta semana sumó nuevas razones para ese desconcierto.

La mañana del miércoles el fiscal nacional respondía en un punto de prensa que “todos los esfuerzos que apunten en esa dirección son positivos”, consultado por las demoliciones de casas narco, que a esa misma hora ejecutaba el alcalde Rodolfo Carter en La Florida. Por la tarde, la fiscalía anunciaba un sumario para investigar una supuesta filtración del listado de construcciones irregulares en esa comuna.

Ese mismo día, un ministro del Tribunal Constitucional afirmaba, en La Segunda, haber recibido el llamado de “interpósita persona”, para transmitirle que el Gobierno “tenía urgencia” por zanjar lo antes posible el requerimiento de senadores de Chile Vamos y Demócratas, para impugnar siete de los trece indultos.

Ningún gobierno en su sano juicio reconocería que intervino directa o indirectamente en las decisiones de instituciones autónomas. Nunca sabremos si La Moneda recurrió o no al teléfono para intentar acelerar el desenlace en el TC, porque en la espera renacía el mayor conflicto político que ha enfrentado. O si le hizo llegar a la fiscalía alguna “sugerencia”, para cambiar de actitud, en cuestión de horas, respecto de lo que estaba haciendo un alcalde con sus precarias facultades, para combatir al narcotráfico.

Tratándose de un gobierno que ha mostrado resistencias innatas en esta materia, dos supuestos llamados en un mismo día y respecto de materias vinculadas a seguridad tienen un piso mínimo de credibilidad. Pero aún si esas intervenciones no tuvieron lugar, dio señales en el sentido contrario de lo que parece esperar la ciudadanía.

La batalla para defender los indultos ante la opinión pública está perdida, y dar “por cerrado este capítulo”, como resultado del fallo TC, no pasará de una declaración pretenciosa. En la guerra contra el crimen organizado, sin embargo, el Gobierno tiene aún la posibilidad —y también la obligación— de superar la tentación de desacreditar a un alcalde de derecha y convertir lo que probablemente ve como una intromisión al control, que pretende ejercer en todo sentido, en una oportunidad.

¿Por qué no convocar a todos los alcaldes a demoler construcciones ilegales, para recuperar cientos de barrios que en todo el país están hoy sometidos por las mafias, como lo hizo el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic? ¿Y por qué no celebrar, con voz más fuerte, la propuesta del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, para acelerar la tramitación de proyectos de seguridad?

Un cambio de agenda es insuficiente si no se acompaña de señales contundentes y de convicción. Si el Gobierno y sus coaliciones han entendido que la seguridad es hoy una prioridad esencial, no solo porque marca como tal en las encuestas, sino porque compromete la vida y la libertad de millones de chilenos, entonces ningún propósito político puede estar por encima de combatir el crimen, en todas sus expresiones.

Isabel Plá