La crueldad del gobierno de Daniel Ortega no tiene límites y requiere una respuesta firme de los gobiernos latinoamericanos.

Un reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua documentó evidencias sólidas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzosas y persecución por motivos políticos.

El 9 de febrero, la dictadura de Ortega expulsó a Estados Unidos a 222 presos políticos. Luego los despojó a ellos y a otros 95 críticos de su nacionalidad, dejando a muchos apátridas. Muchos temen por la seguridad de familiares que están siendo vigilados en Nicaragua. Un ex preso político nos dijo que “incluso la muerte era mejor que estar allí”. Se refería a la prisión “El Chipote”, donde guardias le arrancaron las uñas, le aplicaron descargas eléctricas y lo golpearon brutalmente.

Aún quedan 37 presos políticos en el país, incluyendo el obispo Rolando Álvarez, quien permanece incomunicado desde el 9 de febrero. El 10 de marzo, el Papa Francisco comparó al régimen nicaragüense con dictaduras “groseras”. Dos días después, el gobierno anunció la “suspensión” de relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

Algunos países de la región, entre ellos Chile, Colombia, Uruguay y Ecuador, han emitido declaraciones públicas condenando inequívocamente los abusos de Ortega, y 17 miembros de la OEA criticaron la privación de las nacionalidades. México, Uruguay, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Brasil ofrecieron su ciudadanía.

Si bien estos son pasos positivos, la gravedad de la crisis exige una acción regional más contundente.

Los gobiernos democráticos de América Latina deberían establecer un “Grupo de Amigos”, integrado por gobiernos de todo el espectro político, para contribuir a una transición democrática en Nicaragua. A través de reuniones de alto nivel, este mecanismo debería diseñar una estrategia para ejercer una presión concertada, pública y privada, para frenar los abusos, proporcionar vías para la rendición de cuentas y promover elecciones libres y justas. Como parte de este esfuerzo, cada gobierno debería liderar iniciativas específicas.

Chile y Costa Rica, recién elegidos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, deberían liderar los esfuerzos para aprobar una resolución sobre Nicaragua durante la actual sesión del Consejo en Ginebra. Brasil, Costa Rica, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú han presentado un proyecto de resolución para prorrogar por dos años el mandato del Grupo de Expertos de la ONU que se dedica exclusivamente a investigar la situación en Nicaragua. Otros miembros regionales del Consejo, como México, Argentina, Honduras y Paraguay, deberían apoyar esta resolución, trabajar para obtener los votos necesarios para su aprobación y garantizar que los expertos reciban financiación adecuada.

Los miembros del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como Colombia, Costa Rica, Argentina, República Dominicana y Panamá, deberían asegurarse de que el financiamiento del banco no contribuya a abusos en Nicaragua. El BCIE, un banco multilateral de desarrollo, tiene 25 “préstamos activos” para financiar al gobierno, con fondos aprobados por un total de más de US$ 3.500 millones. Si bien la mayoría están dirigidos a proyectos de infraestructura, parece haber muy poca transparencia, por parte del banco y del gobierno nicaragüense, sobre cómo se utilizan estos fondos.

La Asamblea de Gobernadores del BCIE, la máxima autoridad del banco, debería exigir una auditoría externa independiente de todos los fondos otorgados a Nicaragua. Esta medida garantizaría que los fondos solo se utilicen para garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de los nicaragüenses. También sería una oportunidad para que Costa Rica, República Dominicana y Panamá muestren compromiso con los objetivos de su Alianza para el Desarrollo en Democracia.

Ante la comisión de delitos graves internacionales, los gobiernos también deberían promover investigaciones penales aplicando el principio de jurisdicción universal. Este principio permite enjuiciar a responsables de ciertos delitos graves, incluyendo torturas, independientemente del lugar donde ocurran y la nacionalidad de las víctimas y los sospechosos. Es clave para la rendición de cuentas, dado que Nicaragua es uno de los pocos países de la región que no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Recientemente, Brasil expresó su preocupación por las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno nicaragüense. El gobierno de Lula, que busca posicionarse como un líder global, tiene un rol clave que cumplir para exigir la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de garantías democráticas en Nicaragua.

La crisis en Nicaragua ha generado un consenso inusual entre líderes de distintas posiciones políticas en la región. Ahora es crucial establecer una estrategia coordinada. Si la región no logra trabajar concertadamente para apoyar al pueblo nicaragüense, estará enviando el peligroso mensaje a otros gobiernos autoritarios de que tienen vía libre para cometer abusos graves y flagrantes.

Tamara Taraciuk Broner
Directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch

Juan Pappier
Subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch