Vivimos en el tiempo presente, pero también tenemos memoria y proyectos: presente, pasado y futuro.

¿Es legítimo que alguien quiera obligarnos a fijar el pasado de un modo concreto y, a su vez, obligarnos a un determinado futuro?

No, rotundamente, no.

Pero esta es la cuestión que debatiremos en los próximos meses y años, siempre que… nos dejen debatirla.

Porque hay quienes sostienen que la mirada al gobierno de Allende debe ser una sola, y que las conclusiones sobre el gobierno militar deben ser, consecuentemente, también unas solas. Eso es totalitarismo de pura cepa. Y, en paralelo, otros relativizan el pasado, llamándonos a ponernos de acuerdo con las opciones discrepantes de las nuestras, buscando puntos de transacción. ¿Realmente creen que la verdad histórica es susceptible de promedios y acomodos, o con esa llamada al armisticio buscan solamente que las izquierdas les otorguen una transitoria aceptación, un perdonazo de corto plazo?

Ni verdad única totalitaria, ni aguados consensos: la verdad histórica debe ser motivo de discusión permanente, pero no debe admitir ni la opresión de los que se victimizan ni la recomendación de los que se rinden.

Hoy se discute sobre subsidiariedad y Estado social y democrático de derecho. En esta cuestión de la verdad histórica encontramos un excelente campo para entender el alcance de la polémica.

Si un Estado social y democrático de derecho significa que, por ejemplo, hay que asegurarles a los ciudadanos un sentido único de la verdad histórica, entonces evidentemente seremos proscritos los que somos partidarios de la libertad de investigación. Al revés, en un Estado subsidiario se potencian y reconocen como legítimas las diversas aproximaciones sobre el pasado que se elaboren en universidades, centros de estudios o investigaciones independientes.

¿Lo sabe todo Gabriel Salazar o Bernardino Bravo tiene autoridad en paralelo? ¿Ha sido Joaquín Fermandois quien mejor ha explicado la Unidad Popular o hay que aceptar que deba compartir influencias con Julio Pinto? Los documentos de la izquierda que compila Víctor Farías, ¿tienen peso definitivo o hay que hacerles caso a las tesis que sostienen que el violento lenguaje de esos textos no se tradujo en acciones concretas?

Todo eso es lo que legítimamente se debe discutir en una sociedad democrática. Todo eso es lo que la incultura de la cancelación quiere suprimir, lo que la discriminadora etiqueta del negacionismo quiere prohibir.

Un ejemplo concreto: ¿Es efectivo que 1972 terminó con un 143% de inflación; que las industrias estatizadas habían dejado 50 mil millones de escudos en pérdidas; que la cosecha de trigo había alcanzado solo al 25% del año 1971; que un tercio del presupuesto se destinaría solo a importar alimentos básicos? Todos esos datos están sujetos a la rectificación de quienes los niegan. Están en su derecho, pero ¿no están paralelamente entonces también en su derecho de calificarlos como un desastre mayúsculo quienes sostienen que esos datos son correctos?

Lo más grave es que las coordenadas de la discusión, desgraciadamente, no pasan solo por el plano de los libros y de los artículos académicos, ámbitos en que los adultos con amplia trayectoria nos podemos defender del embate izquierdista, sino que se plantean también en los niveles escolares y universitarios, donde miles de profesores inescrupulosos inyectan una mirada oficial y única, destruyen los datos básicos, inoculan el odio, incentivan una nueva lucha de clases. Textos de estudio, programas de asignaturas, exigencias de evaluación: todo diseñado y aplicado para impedir la legítima diversidad de miradas sobre el pasado de Chile.