Aun luego del pronunciamiento del Tribunal Constitucional conocido ayer, no parece que la controversia en torno a los indultos otorgados por el Presidente Boric a doce condenados vinculados a hechos de violencia a partir de la revuelta del 18 de octubre, y al exfrentista Jorge Mateluna, pueda ser fácilmente dejada atrás, como le gustaría al Gobierno. Más allá del rechazo del tribunal a los requerimientos presentados por la oposición para impugnar los referidos indultos, los antecedentes conocidos durante estas semanas han dejado en una incómoda posición a las máximas autoridades. Particularmente, luego de la reciente revelación de los informes que en su momento emitiera Gendarmería, desfavorables a la concesión del beneficio respecto de diez de los trece condenados. En este sentido, la resolución del TC permite situar la discusión en su ámbito más propio: no el de la legitimidad de los indultos, que corresponden al ejercicio de una facultad presidencial, sino el modo específico en que en este caso el mandatario utilizó esa facultad para favorecer a personas que registraban prontuarios judiciales previos o cuya salida al medio libre había sido desaconsejada por la instancia técnica. Ha sido ese debate el que el Gobierno ha eludido hasta ahora sistemáticamente y donde la ciudadanía reclama una necesaria transparencia.

El origen de la potestad que en diversos países se otorga a un gobernante para “perdonar” por medio del indulto a personas sancionadas por la justicia proviene de la tradición de permitir clemencia a la máxima autoridad en casos excepcionales. Como contrapartida, se espera, sin embargo, que quien la utilice funde su decisión en motivos convincentes —usualmente, razones humanitarias o de paz social— lo suficientemente fuertes para justificar su excepcionalidad. Evidentemente —como bien se lo recordó la Corte Suprema al mandatario a raíz de su explicación inicial para el beneficio otorgado a Mateluna—, no puede en ningún caso ser esta la vía para pretender “corregir” decisiones judiciales, desconociendo el principio democrático de la separación de poderes.

Precisamente por el alcance y amplio margen de esta facultad, ella está sujeta a la crítica política y debe ser ejercida con prudencia y sabiduría. En este caso, como por lo demás atestiguan las encuestas, la decisión y las fragmentadas argumentaciones que ha dado el Gobierno han generado rechazo ciudadano, por la señal que, en un contexto de crisis de seguridad pública, se entrega respecto de personas que recurrieron a la violencia para intentar imponer sus puntos de vista. Los diez casos con recomendación desfavorable de Gendarmería, por la carencia de arrepentimiento y la secuencia de delitos anteriores cometidos por algunos de ellos, tienen una contundencia argumentativa muy superior a la “promesa de campaña” asumida por el Presidente respecto de quienes aseguran haber ejercido su “derecho a rebeldía”.

Frente a dicho rechazo ciudadano, el Gobierno, en lugar de presentar un frente argumentativo cohesionado y único, ha respondido con una estrategia zigzagueante. Si inicialmente el Presidente afirmó que los beneficiados no eran delincuentes, luego, al conocerse los prontuarios de algunos de ellos, solicitó la renuncia a su jefe de gabinete y a su ministra de Justicia, y habló de “desprolijidades” en la ejecución de la medida; incluso la ministra vocera sugirió que si el mandatario hubiera tenido todos los antecedentes, la decisión hubiera sido otra. Fue ello lo que motivó los intentos opositores por impugnar los decretos de indulto, ante lo cual la autoridad nuevamente cambió de discurso, asumiendo el tema el nuevo ministro de Justicia, quien explícitamente descartó que el Presidente hubiera indultado a las personas equivocadas. Finalmente, hace solo un par de días y en completa contradicción con los dichos de la vocera en enero, el subsecretario del Interior afirmó que el jefe de Estado tuvo a la vista “todos los antecedentes” al tomar su controvertida decisión.

Despejado ya el tema por el TC, y siendo evidente la improcedencia y el sinsentido de acciones como la de una acusación constitucional insinuada por algunos diputados, sigue sin embargo pendiente una explicación clara por parte del Ejecutivo, que clarifique las contradicciones y responda a las muchas preguntas que han quedado abiertas en estos meses. Hasta ahora, el intento por eludir el costo político de una decisión inentendible para la ciudadanía solo ha dañado aún más al Gobierno.