Fue una sorpresa, se pensaba que el Gobierno tenía los votos en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma tributaria, con muy escasas modificaciones respecto al proyecto original. El Senado era más difícil; al parecer, el Gobierno no quería desgastarse y negociar solo en la Cámara Alta, y de esa forma ceder lo menos posible, pero fracasó.

Dicen que “no hay mal que por bien no venga”, aforismo que creo aplica bien a esta situación. Es cierto que habla mal de los legisladores oficialistas el que dejen caer un proyecto clave del Gobierno por una simple pasada de cuenta. Peor parecen las reacciones destempladas y absurdas por parte del Ejecutivo, tratando de tapar su evidente negligencia en el trabajo legislativo, pero lo más importante es que se rechazó una reforma que, si se aplicaba tal cual, era muy negativa para Chile. La propuesta dañaba significativamente una base fundamental del desarrollo, el ahorro, que lleva más de una década de deterioro, pasando de más de 25% del PIB en 2007 a menos de 18% el año pasado. Se podrían mencionar varios aspectos complejos y negativos de la propuesta tributaria, pero frente a la pérdida absoluta de la capacidad de crecer de la economía, dos eran los más negativos a mi juicio: el impuesto al patrimonio y el impuesto a las utilidades retenidas, porque generaban un claro incentivo a desahorrar.

Nuevamente esta reforma subía en forma significativa los impuestos al capital, luego de que en los últimos doce años la tasa de Primera Categoría ha pasado de 17% a 27%, mientras los países de la OCDE mostraron la tendencia inversa. Esta insistencia en gravar al capital cae en un error que me parece grave: supone una mirada estática de la economía, cuando lo relevante es el efecto de los impuestos en el mediano plazo, considerando que Chile es una economía abierta y que la globalización lleva a una creciente movilidad del capital. A pesar de eso, cada una de las reformas recientes se ha defendido con el argumento majadero de que solo la van a pagar los grandes empresarios, y sabemos que eso es falso. No se trata, por supuesto, de que los empresarios vayan a desmontar sus fábricas, el problema es que se paralizan las nuevas inversiones en el país, en las cuales el fisco, a través de los impuestos, es un socio importante. Pero eso no es todo, los mayores impuestos llevan también a menor crecimiento de los ingresos laborales en el sector transable o mayores precios de bienes y servicios en el sector no transable. En definitiva, el aumento de impuestos no lo pagan principalmente los dueños de las empresas, sino los trabajadores y consumidores. En definitiva, los pagamos todos, es un error pensar que subiendo los impuestos al capital puede mejorar la distribución del ingreso. No me parece una propuesta “generosa” de los grandes empresarios su disposición a seguir subiendo la tasa de Primera Categoría.

El Gobierno vuelve a hablar de un Pacto Tributario, y de ser así, una condición sine qua non debería ser que por cada peso de mayores impuestos se logre una cifra equivalente de mayor eficiencia. Partamos por dar un uso efectivo a los excelentes estudios sobre eficiencia y gestión del gasto público que ha hecho la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad; si no, estamos perdiendo también los recursos destinados a esos estudios. En ese contexto de búsqueda de eficiencia y de hacer más con lo mismo mejora la disposición del sector privado a aportar recursos adicionales al erario. ¿Qué condiciones debería cumplir ese aumento de impuestos? Lo primero es buscar impuestos que no dañen el ahorro y la inversión, ya que la evidencia es contundente en mostrar que los impuestos son muy ineficaces como herramienta de redistribución, son las trasferencias del Estado lo que hace la diferencia. Un segundo principio es que TODOS paguen los impuestos que corresponde, eliminando la renta presunta y controlando más eficazmente a los elusores y evasores, no solo de los impuestos al capital, sino también a los evasores del Transantiago y al creciente comercio informal, tradicional y digital. Por último, debemos ir gradualmente disminuyendo el tramo exento de impuesto a la renta, ya que si queremos financiar más derechos es necesario ir creando una cultura de deberes. Esto perfecciona la democracia, a través de un mayor control ciudadano sobre los servicios que provee el Estado.

En definitiva, podemos convertir el fracaso del Gobierno en un éxito para Chile si buscamos un Pacto Tributario que no castigue el crecimiento económico y en el que todos contribuyan, privados y Gobierno, emprendedores y trabajadores, evasores de ingresos altos, medios y bajos.

Cecilia Cifuentes
Directora ejecutiva Centro de Estudios Financieros ESE Business School U. de los Andes