Nadie puede meterse ni comentar las relaciones amorosas de una diputada soltera, por lo que las declaraciones de la exmujer de Jorge Valdivia, conocido como “el Mago Valdivia”, Daniela Aránguiz, revelando que existía una relación afectiva entre su exmarido y la diputada Maite Orsini, son impropias y dignas de la peor farándula. En este sentido son razonables las opiniones de las ministras Antonia Orellana y Ana Lya Uriarte, en cuanto a que se respete la vida privada de la diputada.

Pero otra cosa es que la diputada Orsini haya intercedido a favor de Valdivia, mediante un WhatsApp dirigido al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que al estar de vacaciones la derivó a su subrogante, y que luego llamara a la general Karina Soza para hacerle presente que el exjugador había sido víctima de un control de identidad abusivo y que había terminado detenido.

Lo que la diputada declaró en la conferencia de prensa en el sentido de que ella hizo ese llamado respecto de una persona de alta figuración pública, que no identificó, y que su intención era que la institución de Carabineros pudiera protegerse de un reclamo de dicha persona, es francamente inverosímil.

Por otro lado, y ante la autodenuncia de la diputada, se está procediendo a una investigación por parte del Ministerio Público, que lleva el fiscal Patricio Cooper, en la cual ya han declarado varias personas. El cargo sería por tráfico de influencias, que es una hipótesis de negociación incompatible o cohecho, pero es dudoso que la diputada Orsini haya intercedido para favorecer intereses patrimoniales de terceros, en este caso del exjugador Jorge Valdivia. En este sentido, es posible que ella sea declarada inocente de cualquier ilícito penal, aunque se le atribuya la calidad de funcionaria pública.

Pero cosa distinta es si ella ha dañado el prestigio de la Cámara de Diputados, al hacer estas gestiones a favor del exjugador. Esto parece evidente, y constituye una transgresión al Reglamento de la Cámara, que dispone que “usar indebidamente el título oficial, los distintivos o el prestigio de la Corporación para asuntos de carácter personal o privado”, es una falta a la ética parlamentaria. La denuncia de algunos diputados de la UDI debiera prosperar para que se imponga a la diputada una sanción ejemplarizadora. Puede que ella tuviera el derecho de llamar a Carabineros para denunciar un abuso policial, pero lo que no debió hacer es ocultar esos llamados hasta que los medios los sacaran a la luz, revelando su cercanía con el exjugador.

Lo que más ha molestado es que tres generales de Carabineros: Jean Camus, jefe de la zona Este; Marcelo Lepín, de la zona Oeste, y Carlos González, de la zona Metropolitana, hayan recibido a Jorge Valdivia, tomándose fotografías con el exjugador. Esto es algo que no corresponde, porque ¿qué sucedería si el afectado fuera un ciudadano común y corriente? ¿Se haría lo mismo con él? ¿Tres generales pidiendo excusas al exjugador Valdivia, sacándose fotos con él y recibiendo camisetas autografiadas?

No extraña que la ministra del Interior, Carolina Tohá, haya llamado al general director de Carabineros para que adopte medidas que solucionen este asunto.

El que el exjugador haya sufrido un control de identidad y que haya sido detenido no justifica que sea recibido por tres generales de la institución policial. La única versión que se tiene es la del propio Valdivia, y no se ha investigado cómo se gestó esa detención y si hubo o no conducta agresiva del exjugador que justificara su arresto.

La llamada de la diputada a Carabineros para representar el abuso sufrido por el exjugador Valdivia es a todas luces improcedente y contribuye a desprestigiar más aún a los políticos, que llaman para gestionar intereses de terceros, todo subrepticiamente y sin ninguna transparencia.

La diputada Orsini se equivocó al interceder por el exjugador, y que, según sus declaraciones, lo haya hecho para proteger a la institución, es absurdo. Pero lo más grave es que al menos tres generales recibieran a Valdivia y se tomaran fotos con él, para disculparse por un control de identidad aparentemente abusivo por el que fue detenido.