Recuperar el control de la frontera para decidir quién ingresa al territorio nacional es el primer objetivo de cualquier política migratoria. Le sigue normalizar la situación de centenares de miles que han ingresado ilegalmente.

Invertir el orden, legalizar masivamente sin antes controlar la frontera estimula los ingresos clandestinos, favorece la explotación a los indocumentados, los riesgos de inseguridad de la población, daña el Estado de Derecho y discrimina en contra de aquellos que han respetado la ley en su ingreso al país y que son indispensables para el progreso de Chile.

Establecer barreras con despliegues policiales o militares, instalar cercas, fosas, sensores u otros medios tecnológicos son actos soberanos y útiles para la disciplina fronteriza.

La combinación de estos instrumentos con la reconducción, expulsión por causas legales y fiscalización a los empleadores de la contratación de trabajadores ilegales es fundamental, aunque no garantiza resultados absolutos, son señales efectivas para evitar el descontrol, irregularidad e inseguridad migratoria.

Desplegar militares en la frontera, a falta de disponibilidad de policías, es una medida temporal, requiere acciones complementarias, tanto porque a los soldados no les corresponde controlar el orden público como porque finalmente su presencia disuasiva inicial deriva en el desprestigio institucional si no cuentan con respaldo jurídico y político para hacer uso de la fuerza necesaria para imponerse.

En nuestro caso, los militares están limitados a pedir identificación y entregar al infractor a Carabineros para que proceda a su detención. Para peor, el Gobierno, al mes siguiente de haber asumido, dio una mala señal, prohibió a las policías la reconducción a Bolivia de extranjeros no bolivianos, que son la gran mayoría de los que ingresan clandestinos, persistiendo, además, una completa falta de voluntad para disponer expulsiones administrativas que no sumaron más de 30 en el primer año de este gobierno.

Lograr la colaboración de Bolivia requiere flexibilidad de ambas partes. Por la complejidad de esta relación no hay que esperar acuerdos escritos. Ante la violencia en el sur peruano y la crítica vulnerabilidad de la economía boliviana, Chile ha sido flexible al facilitar el comercio exterior boliviano a través del territorio nacional para acceder a puertos peruanos y, aunque excesivamente costosas (US$ 90), también lo es en la entrega de visas a trabajadores bolivianos de temporada.

Primero, soberanía en el control de la frontera, luego generosidad, corrección y eficiencia en el otorgamiento de las visas debería contribuir a descomprimir un problema que se extiende en todo el mundo.