Frente al naufragio de la reforma tributaria en la sala de la Cámara de Diputados, el gobierno tiene, a primera vista, las opciones de esperar un año para presentar una nueva reforma —camino largo e incierto— o llegar a un acuerdo con la oposición para que el Senado por 2/3 dé un espacio para continuar su tramitación.

Luego de algunos ajustes, la reforma tributaria rechazada pretendía recaudar 2,7 puntos del PIB, que ya no están. Pero el proyecto de royalty minero, bastante avanzado en el Senado, contempla una recaudación de 0,6 puntos del PIB, y el proyecto de impuestos correctivos, que aún no entra a trámite, espera recaudar unos 0,4 puntos del PIB. De tal forma, el gobierno podría tener aproximadamente 1 punto del PIB para su programa, aun sin acuerdo por la reforma.

Sumando los tres proyectos tributarios, eran 3,6 puntos del PIB los que el gobierno esperaba recaudar. Este aumento de la recaudación es en sí muy elevada, si se considera que —haciendo las correcciones del caso— la brecha entre Chile y la OCDE está cerca de 2 puntos del PIB (Larrain y Perelló, 2022).

Además, el Estado ha demostrado gran dificultad para ejecutar los cuantiosos recursos que tiene, especialmente en lo que respecta a la inversión pública. Así, durante 2022 la ejecución presupuestaria del gasto de capital llegó a 86,3%, lo que dejó sin ocupar US$ 1.700 millones que se podrían haber usado para los programas sociales.

Adicionalmente, si el gobierno hiciera un esfuerzo importante por mejorar en forma sostenida la calidad del gasto público podría obtener recursos por algo más de 1 punto del PIB. Estos recursos están en varios programas sociales, y en mejorar el proceso de compras públicas. Veamos cómo.

En programas sociales, de los cerca de 700 programas públicos, más del 40% no cumple sus objetivos, fruto de un diseño e implementación deficientes, y duplicidades. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro país malgasta cerca de 0,8 puntos del PIB al año por recursos que no se focalizan bien en sus destinatarios finales. Eliminando o fusionando programas podrían ahorrarse en torno a US$2.400 millones.

En compras públicas, la Fiscalía Nacional Económica elaboró el año 2020 un informe donde señaló que por falta de competencia el Estado pierde hasta US$ 855 millones al año. Propuso una serie de recomendaciones las que se tradujeron en un proyecto de ley hoy en trámite en el Congreso. El proyecto apunta a optimizar la competencia y eficiencia en las compras públicas, amplía su cobertura a todos los órganos del Estado, aumenta los niveles de transparencia, limita los tratos directos y dota a ChileCompra de facultades normativas, entre otros. Implementar estas reformas permitiría contribuir con otros 0,3 puntos del PIB.

Así, si sumamos las mejoras en programas sociales y en compras públicas, el gobierno podría obtener 1,1 puntos del PIB. Sumados al punto del PIB de recaudación entre royalty minero e impuestos correctivos, el gobierno podría obtener recursos adicionales por 2 puntos del PIB. Ello le permitiría financiar el aumento de la PGU (que cuesta 1,3 puntos del PIB en régimen) y el proyecto de sala cuna universal. Y esto sin considerar los recursos adicionales que le está generando el litio al Estado, cuyo componente estructural o de largo plazo podría utilizarse para financiar políticas sociales sin poner en riesgo las metas fiscales.

Por tanto, no es cierto que el naufragio de la reforma tributaria impida al gobierno financiar algunos de sus proyectos emblemáticos como el aumento de la PGU a $250.000 o la extensión de la sala cuna. Los compromisos sociales deben cumplirse. Para financiarlos existen muchas alternativas en el actual escenario, como las que se han planteado aquí.

Felipe Larraín Bascuñán
Director Clapes UC, profesor Titular Economía UC