Con la instalación de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, esta semana comienza el trabajo que conducirá a la redacción de una nueva Constitución, la que será sometida a la aprobación de la ciudadanía a fines de año. A pesar de que la población ha dado indicaciones de cierto hastío con el tema constitucional —su urgencia se ve disminuida por las exigencias que impone la vida diaria—, las encuestas arrojan que el país está mayoritariamente de acuerdo con la necesidad de cambiar la Carta Fundamental.

Es importante que este sea un proceso exitoso. Ello permitirá, por un lado, despejar de una vez por todas esa posible fuente de incertidumbre hacia adelante, y, por otro, que este deje de ser un tema que nuevamente sea levantado ante posibles dificultades coyunturales futuras. Eso requiere que el trabajo de ambos comités —y del consejo que se elija el próximo 7 de mayo, que es donde finalmente residirá el poder para decidir el texto constitucional definitivo— se haga en un ambiente de amistad cívica —el mismo que condujo al Acuerdo por Chile que estableció el camino que ahora se inicia—, más que de confrontación ideológica.

Las ambiciones maximalistas de los participantes deben ser contenidas, buscando, por el contrario, el compromiso. Lograr un contraste con la Convención, y su posterior fracaso, puede ser una buena guía de conducta para los participantes de ambos comités y el futuro consejo. Al respecto, es importante recordar que el lugar en que las sociedades confrontan las diversas posturas ideológicas es el Parlamento, y que la Constitución solo debe recoger los principios generales que orientan la vida ciudadana, los derechos de las personas, individuales y colectivos, y el ejercicio del poder gubernamental. En ese sentido, su función se limita a demarcar los bordes en que esa confrontación política ocurra en el futuro.

Ahora bien, el que la población tenga menos interés en el proceso constitucional y el hecho de que este se dé, si así ocurre, en un ambiente de menor confrontación ideológica —el más apropiado para el propósito que se busca— pueden, sin embargo, quitarle protagonismo público al mismo, y, por esa razón, distanciar a la ciudadanía de su contenido. Ese sería un efecto indeseado de un trabajo que puede haber tenido una orientación correcta, y podría ser un factor que conspire contra una aprobación ciudadana mayoritaria, necesaria para transformar en exitosos el proceso y su texto.

Lo anterior podría verse agravado si la población no encuentra en aquel las soluciones específicas a los temas que más la inquietan, como la atención de salud o el cálculo de sus pensiones. De ahí que sea necesario hacer pedagogía ciudadana respecto de lo que debe esperarse de una Constitución, y no generar expectativas equívocas que luego frustren a la población.

Con todo, la nueva Carta Fundamental, junto con recoger lo mejor de la tradición constitucional chilena, debería también orientar la forma en que la sociedad chilena enfrente los nuevos problemas que trae el siglo XXI: la interacción entre naturaleza y sociedad, las tecnologías relacionadas con inteligencia artificial y manipulación genética, la necesidad de basarse en la evidencia científica para una correcta toma de decisiones en políticas públicas, o la forma de relacionarse con los pueblos originarios, entre otros.

El diseño del actual proceso, con la introducción de pesos y contrapesos a través de la Comisión Experta, del Comité Técnico de Admisibilidad y del Consejo Constitucional, el aprendizaje resultante de los errores de la Convención, y la madurez mostrada por la clase política para lograr el Acuerdo por Chile, son un buen augurio para ello. Es de esperar que eso permita despejar el escollo constitucional durante 2023, para beneficio del país y sus generaciones futuras.