Si el gobierno del Presidente Boric concibe la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que puso fin al gobierno del Presidente Allende como una oportunidad para favorecer los intereses de la alianza oficialista, creará una atmósfera de división que puede dañar gravemente nuestra convivencia, la que aún no se recupera de los efectos de la asonada de octubre de 2019, que hizo temer a mucha gente que el país retrocediera a los tiempos del antagonismo sin límites.

El recuerdo de 1973 está asociado a las consecuencias de una dolorosa fractura de la sociedad chilena, que costó muchas vidas y dejó duras lecciones respecto de aquello que debemos evitar a toda costa: las pugnas políticas ciegas, los integrismos ideológicos que se convierten en odios, el desprecio por la democracia y la validación de la violencia como arma política. Lo pagamos demasiado caro como para no tenerlo presente.

Desde la recuperación de la democracia, en 1990, todos los presidentes de la República procuraron que el 11 de septiembre sirviera para recordar a las víctimas, reafirmar la condena de las violaciones de los DD.HH. y renovar el compromiso con los valores democráticos. Por lo tanto, la conmemoración de este año debería ayudar a curar las heridas, no a reabrirlas; a favorecer el entendimiento, no el resentimiento.

El Gobierno no puede actuar de nuevo como el aprendiz de brujo que desata fuerzas que luego no puede controlar. Ya lo hizo con el relato refundacional que se sintetizaba en el proyecto de Constitución que fue rechazado por los ciudadanos. ¿Quiere ensayar ahora un nuevo relato, que divida a los chilenos entre allendistas y pinochetistas? No tiene sentido reeditar las antiguas confrontaciones cuando lo que necesitamos es reforzar los cimientos de la paz y la libertad.

Cualquier intento de imponer una “historia oficial” sobre los traumas del pasado no podrá prosperar. Vivimos en una sociedad abierta, en la que fluyen las ideas y la información. Están, por lo tanto, fuera de lugar la censura u otras formas de coacción para impedir el libre escrutinio. No hay ni debe haber tabúes respecto de la revisión e interpretación de los hechos históricos. Es previsible, entonces, que los 50 años motiven múltiples debates dirigidos a profundizar el análisis de las causas y las consecuencias de lo ocurrido. Es parte del ejercicio de las libertades.

Lo inadmisible es que las autoridades del Estado aprovechen los cargos que ocupan temporalmente para convertir en “oficial” su propio punto de vista, con el fin de conseguir ganancias sectarias. Pasaron más de 16 años antes de que Chile pudiera avanzar, costosamente, hacia el reencuentro nacional, pero el peligro de retroceso siempre existe. Ya vimos en la Convención cómo los afanes por “corregir la historia” pueden llegar hasta el delirio.

A fines de enero, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que la instrucción presidencial que recibió respecto de cómo abordar las violaciones de los DD.HH. del pasado, se resumía así: “toda la verdad, toda la justicia”. Aludió entonces a un plan que pretende “articular una serie de medidas que van desde la recopilación y sistematización de información hasta dotar de mecanismos para lograr éxito en las investigaciones” (Emol, 31/01).

¿Qué significa eso exactamente? ¿Es que el Ministerio de Justicia se dispone a crear una nueva entidad, en la línea de la Comisión Rettig (creada por el Presidente Aylwin, en 1990), o de la Comisión Valech (creada por el Presidente Lagos, en 2003)? Si es así, ¿cuál es la expectativa que se quiere crear entre los familiares de las víctimas? ¿Se vincula esto con la intención de presionar a los mandos de las FF.AA. para que respondan por lo que ocurrió hace medio siglo? Sería una insensatez completa, que desconocería el camino hecho por el país en el terreno de la verdad, la justicia y la reparación, y que pasaría por alto el proceso de renovación de las instituciones armadas en el marco de la reconstrucción democrática. ¿Está el ministro Cordero en condiciones de informarle al país acerca de lo que hará para lograr toda la verdad y toda la justicia?

Chile estuvo al borde del despeñadero en 2019. Y también en la coyuntura del plebiscito del año pasado. En tal contexto, lo mínimo que cabe esperar del Gobierno es que, frente a la conmemoración de los 50 años, trate de actuar con sentido nacional. Debe tener plena conciencia de los riesgos que podemos enfrentar si, como consecuencia del empeño por “correr el cerco”, se termina generando un clima de odiosidad y confrontación que abone el terreno a nuevas expresiones de violencia en las calles. Más vale que el Gobierno no juegue con fuego.

Sergio Muñoz Riveros