El ambiente político en Argentina está al rojo. En sus últimos meses en la Presidencia, y con las elecciones de octubre a la vista, Alberto Fernández se lanzó en un feroz ataque contra la Corte Suprema, a la que acusó de parcialidad e intromisión en las atribuciones de otros poderes del Estado. Su exabrupto no fue casual, porque buscaba desesperadamente ganarse la aprobación de Cristina Fernández, quien estaba sentada a su lado, fría y distante, sin aplaudir su discurso de apertura del Legislativo.

El Presidente ya no tiene crédito político, y se nota; ni siquiera se ha presentado como el candidato del oficialismo, un puesto que, uno podría suponer, nadie de la coalición se atrevería a disputar. No en este caso. Hay varios que quieren ir a una primaria, y Fernández, con su popularidad en el suelo, juega a que está dispuesto a competir. Es la última carta para no perder el escaso poder que le queda.

Es obvio que la pelea con el Poder Judicial tiene que ver con la complicada situación en la que está Cristina, condenada por corrupción a seis años de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos. La sentencia no está a firme, pero la vicepresidenta le cobra la cuenta a Fernández por no lograr su impunidad después de haberlo colocado en el lugar en que está.

Quizás para no parecer que solo Cristina le interesa en su disputa con los jueces, el mandatario argentino también les sacó en cara un fallo reciente que lo obliga a restituir fondos a la ciudad de Buenos Aires. Es una disputa por el presupuesto de la capital —en manos del precandidato opositor Horacio Rodríguez Larreta— que Fernández había recortado del 2,95% de la recaudación tributaria, al 1,4%, para mejorar los salarios de la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista, y favorito de Cristina, Axel Kiciloff. El Presidente consideró que el pronunciamiento de la Corte fue “incongruente e imposible de cumplir” y que estaba “motivado políticamente” por la cercanía de las elecciones. Después se retractó y dijo que lo cumpliría aunque fuera “desventajoso e injusto”.

En medio de la polémica por el agresivo discurso presidencial en contra de la Justicia y también de los medios de comunicación, vino el ataque narcoterrorista contra un negocio de la familia de Lionel Messi, en Rosario. La balacera, que no son inusuales en la capital de Santa Fe, tuvo impacto mundial, y puso en la primera plana el flagelo del tráfico de drogas y la guerra entre bandas criminales. Fernández apenas reconoció que “se puede hacer más por Rosario”, y su ministro de Seguridad pronunció una frase que merecería su inmediata salida: “los narcos han ganado”. Y, aunque después trató de arreglarla, quedó en evidencia la impotencia e inoperancia de las fuerzas de seguridad bajo su mando, y la falta de una estrategia contra el crimen.

Alberto Fernández ya no tiene tiempo para recuperar prestigio o autoridad. Ni mejorar la crítica situación económica y social argentina. Su gestión quedará marcada como una en la que apenas gobernó, siempre atento a la mirada fría y distante de Cristina Kirchner.