En Chile, diría Orwell, hay “algunos minerales más iguales que otros”. Litio, torio y uranio en un lado, todo el resto en el otro. Los primeros fueron declarados no concesibles en 1979 por aplicaciones nucleares, y su explotación depende entonces de la voluntad del gobierno de turno. Los segundos están sujetos a la regulación estándar, y su explotación depende de la iniciativa de quienquiera esté dispuesto a invertir y a obtener las aprobaciones medioambientales y sectoriales.

Como consecuencia de este caprichoso esquema, apenas dos empresas explotan litio, y solo por la afortunada circunstancia de que Corfo poseía una propiedad anterior a 1979 y negoció contratos de arrendamiento. Ello también explica que el de Atacama es el único salar en producción, aun cuando la información parcial existente indica que al menos otros 58 contienen el oro blanco. No tan extraordinarios como Atacama, cierto, pero varios con potencial muy significativo.

Esta anomalía regulatoria causaba poco ruido, hasta que la electromovilidad catapultó el precio del litio a niveles inimaginables pocos años atrás. Sumado a que los dos únicos incumbentes más que triplicaron su producción en siete años y a que los contratos son muy convenientes para el Estado, los aportes fiscales en 2022 treparon a US$ 5.032 millones, más del doble que Codelco (US$ 2.243 M) y que toda la gran minería privada del cobre (US$ 4.545 M). Pero incluso ese incremento en la producción palidece respecto de la explosión en la demanda. Chile pasará de producir el 66% del total mundial en 2004 a no más de un 14% en 2030. Esa brecha está siendo satisfecha por países que, si bien ofrecen condiciones geológicas mucho menos favorables y por tanto explotación de muchísimo mayor impacto ambiental, lograron atraer a las principales empresas privadas globales para desarrollarlas.

La superación de este insólito obstáculo a la prosperidad no puede esperar más. Con eso en mente, en el Gobierno han adelantado que durante este mes anunciarán la Política Nacional del Litio. Los anticipos partieron en octubre, cuando el subsecretario de Minería, Willy Kracht, puso todas las fichas en una nueva Empresa Nacional del Litio y en Codelco. Luego precisó que sí habría espacio para privados, pero como socios minoritarios de una empresa estatal. En diciembre el ministro Marcel introdujo un matiz relevante: “no todo va a depender de la Empresa Nacional del Litio… No se puede jugar todo a un solo caballo… va a haber espacio para el sector privado”. El 28 de febrero Kracht sumó una nueva evolución: la participación privada también incluiría exploración en salares asignados vía licitaciones. Finalmente, la ministra Tohá subió en forma relevante las expectativas al aseverar que durante este gobierno, Chile se transformará en una referencia de la economía verde del litio.

Para estar a la altura de la vara que fijó la ministra y aprovechar esta gigantesca oportunidad, la política nacional del litio debe abrir tres avenidas paralelas.

La primera, tan obvia como ausente del debate, es corregir la anomalía aberrante de su no concesibilidad. En 1979, cuando las aplicaciones del litio eran pocas y su valor económico escaso, catalogarlo de estratégico era un resguardo precautorio, un “por si acaso”, a cambio de costos casi nulos. Hoy, es simplemente inadmisible, una rareza que no existe en ningún otro distrito litífero del mundo.

La segunda, licitar contratos de operación sujetos a condiciones tales que atraigan a los mejores. No solo a empresas chinas, habituadas a tratar con lógicas estatales, sino también a instituciones australianas, francesas o estadounidenses, o de donde sea que se encuentre la frontera en tecnologías y estándares corporativos y ambientales.

La tercera es la vía de las empresas públicas, con o sin socios privados, siempre y cuando operen bajo el principio de neutralidad competitiva. Aquí podría caber la mentada Empresa Nacional del Litio, Enami o Codelco, que avanza muy lentamente en Maricunga. El alto grado de sofisticación y experiencia que demanda la producción de litio implica que esta probablemente sea la ruta más lenta e incierta.

Es de esperar que esta vez tengamos un anuncio contundente y a la altura de la enorme oportunidad, y que no se repita ese guion que, por satisfacer a los distintos sectores de la coalición gobernante, nos deja entrampados en la confusión, mirando cómo otros países nos siguen desplazando.

Joaquín Barañao Pivotes