En vísperas del 8M, y cuando estamos ad portas de retomar la discusión legislativa de la reforma previsional, resulta apropiado abordar la propuesta que presentó nuestro Gobierno, la que busca reducir las brechas de género y aumentar las pensiones actuales y futuras de las mujeres, lo que mejorará directamente su autonomía económica y sus condiciones de vida.
Uno de los elementos de la reforma de pensiones es la propuesta de un nuevo componente de seguro social en el pilar contributivo, que se financia con una cotización del 6% de cargo al empleador. Este seguro será financiado por el Fondo Integrado de Pensiones y otorgará una pensión que incluirá elementos de carácter contributivo y complementos por brechas de género y cuidados.
Los elementos de carácter contributivo del seguro incluyen la pensión en función de lo ahorrado con la tasa de interés, una garantía definida y el complemento de las lagunas de desempleo. Es importante evidenciar que, en el caso de las pensiones del seguro, serán calculadas con tablas unisex de esperanza de vida. Adicionalmente, compensará la diferencia por la mayor esperanza de vida de las mujeres en el componente de capitalización individual. Gracias a esto, hombres y mujeres que han cotizado lo mismo y se jubilan al mismo tiempo tendrán la misma pensión, eliminándose la actual discriminación que se produce en el cálculo de las pensiones, lo que está prohibido en la Unión Europea.
Por otra parte, los complementos por brechas de género y cuidado incluyen, en primer lugar, que por cada hija o hijo nacida/o o adoptada/o, a las mujeres que son madres se les registrarán 24 cotizaciones por 6% del salario mediano de quienes cotizan, lo que se agregará al actual bono por hijo del 10%. En segundo lugar, para mujeres y hombres responsables del cuidado de personas con dependencia severa o moderada y que estén registrados en el Módulo de Cuidadores del Registro Social de Hogares (RSH), se les registrarán hasta 24 cotizaciones por 6% del salario mediano de quienes cotizan por cada período de inactividad que hayan tenido.
En definitiva, el Seguro Social reconoce que el esfuerzo individual de trabajadores y trabajadoras durante su vida activa incluye la maternidad y las tareas de cuidado, trabajos usualmente invisibilizados en nuestra sociedad.
A estas medidas se suma el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). La propuesta del Gobierno que aumenta gradualmente el monto a $250.000 es relevante en términos de género, porque la mayoría de las personas beneficiarias del pilar no contributivo son mujeres.
Para ilustrar el efecto de estas medidas, podemos considerar el caso de una mujer pensionada en la actualidad, que recibió un salario de $770.000 y que tuvo un período fuera del mercado laboral de 50% de su trayectoria. Al sumar la PGU, su pensión autofinanciada (10% o 10,5%) y el Seguro Social compuesto por la garantía y la tabla de mortalidad en base a la esperanza de vida, su pensión aumentaría en 46%, pasando de $316.605 sin reforma a $461.620 con reforma. Para un hombre en las mismas condiciones, el aumento sería de 37%.
De aprobarse la reforma, se espera que el efecto de estas medidas en el pilar contributivo reduzca significativamente la brecha de género en las pensiones. Los esfuerzos que hemos hecho en el diseño de la reforma previsional para reconocer el trabajo de cuidados, para abordar su mayor esperanza de vida y las brechas salariales, tendrán como resultado un aumento concreto de los montos que recibirán las actuales y futuras jubiladas. A largo plazo, reformar el sistema de pensiones y mejorar la protección social contribuirá a aumentar la formalidad laboral, reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida y entregar mayor seguridad a las personas.
Claudia Sanhueza
Subsecretaria de Hacienda