Desde el punto de vista institucional, la situación que vivía el país distaba de constituir un ejemplo de democracia. Las disputas del gobierno con los otros poderes del Estado llegaron a situaciones límite, dada la negativa de las autoridades a respetar algunos fallos judiciales, la utilización y abuso de los llamados “resquicios legales”, las expropiaciones de empresas y diversas propiedades, censura y persecución de medios de comunicación, entre otras situaciones. Todo ello, acompañado de un caos económico, inflación desatada, una polarización sin precedentes —por el odio de clases que se procuró instalar— y una violencia política en que proliferaban impunemente los grupos armados.

La campaña de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, de la que en estos días se cumplen 50 años, es una buena muestra del grado de enfrentamiento al que se llegó —baste mirar algunos afiches de campaña y declaraciones de la época—, que dejó más de una decena de muertes a causa de la violencia política. Para que surja un estado de cosas como este hay siempre responsabilidades compartidas, pero el gobierno de la Unidad Popular y los partidos y movimientos que lo acompañaron tuvieron un papel decisivo. Respecto de este desempeño es ilustrativo, por ejemplo, un extracto de la carta del Grupo de los 13 de la Democracia Cristiana inmediatamente después del 11 de septiembre, que formaban parte del grupo disidente de la DC que rechazó el golpe de Estado. Si bien manifestaron su condena categórica al derrocamiento del Presidente Allende —habitualmente solo se cita esta parte—, al enumerar a quienes tuvieron la mayor responsabilidad por lo que llaman una “tragedia”, mencionan en primer lugar “al dogmatismo sectario de la Unidad Popular, que no fue capaz de construir un camino auténticamente democrático para el socialismo conforme a nuestra idiosincrasia. Especial condenación nos merece la irresponsabilidad de la ultra izquierda”.

De ahí que la intención del Gobierno de evitar cualquier referencia a lo ocurrido antes del 11 de septiembre de 1973 parece un sinsentido, sobre todo ahora que enfrentamos un nuevo proceso constitucional, en que la necesidad de un leal respeto a nuestras instituciones democráticas debe ser también una enseñanza a sacar de esta conmemoración. La actuación de muchos dirigentes políticos en el estallido de 2019, en que en los hechos se procuró derrocar a un Gobierno democrático, da cuenta de que en amplios sectores ello no es todavía una lección aprendida.