Se comienza a hablar de un nuevo retiro de fondos previsionales. En abril se cumplirá un año desde que su tramitación fuese rechazada. Podrá, entonces, nuevamente discutirse en el Congreso. Todo indica que se iniciará la discusión apenas se cumpla el año de restricción constitucional. Sin embargo, esta iniciativa no parece contar, al menos en estos días, con el apoyo suficiente para que se concrete. Pero ese escenario podría cambiar. Hay algunas presiones en esa dirección y peticiones al Gobierno para que se agreguen nuevos beneficios e iniciativas que deberían, se argumenta, inhibir a los políticos de sumarse a esta iniciativa. Entre estas se encuentra la declaración del Partido Comunista que pide, de manera adicional a las iniciativas que se están tramitando en el Congreso, un aumento en el salario mínimo a 500 mil pesos, el congelamiento de las tarifas de servicios básicos y una estabilización del precio de la parafina.

Adicionalmente, propone otras medidas que no se inscriben propiamente en un paquete de ayudas a las familias que podrían verse afectadas por el decrecimiento económico que ocurriría este año. Entre ellas se encuentran las recomendaciones para lograr asociaciones para la producción de litio con Bolivia y Argentina, fortalecer el proyecto de royalty minero, otorgar más atribuciones fiscalizadoras a la Superintendencia de Electricidad y avanzar hacia la reconversión de todo el sistema productivo forestal y agrícola. Ninguna de estas iniciativas tiene buenos fundamentos o está mínimamente analizada. Parecieran más bien apuntar a intentar que el Gobierno recupere una agenda a través de “agudizar las contradicciones”, argumento marxista histórico. Ninguna de ellas tiene mayor viabilidad y tampoco son claros los objetivos que se lograrían con su tramitación. Son finalmente otra forma de presión indebida.

Respecto del primer grupo de iniciativas, las que se tramitan en el Congreso parecen responder mejor que ellas a la protección social de personas en situaciones económicas complejas. Además, las que se discuten en sede legislativa tienen un carácter focalizado siendo más efectivas para proteger a los sectores vulnerables que iniciativas universales de gran costo, como podrían ser los congelamientos de servicios básicos, cualquiera sea la modalidad que se elija para cumplirlos.

En un momento en que los trabajadores poco calificados han tenido escaso espacio para recuperar sus ocupaciones —por ejemplo, según el INE, la tasa de ocupación de los hombres entre 25 y 64 años que a lo más tienen educación media es en la actualidad seis puntos porcentuales más baja que antes de la pandemia—, no parece razonable elevar el salario mínimo en la magnitud que se propone: un 22%. Son iniciativas poco analizadas y que, además, seguramente no detendrían una ola en favor de un nuevo retiro de fondos previsionales. Este se debe neutralizar, porque significa una insensatez y se ha aprendido que tiene elevados costos para el país.