Señor Director:

Soy de los que creen que la mejora de las pensiones depende crucialmente de los parámetros que definen el sistema, como la edad de jubilación y la tasa de cotización, más que de reformas a la industria. Es lo que indican los números, por lo demás.

También participo de la preferencia de la mayoría de la población en cuanto a que cualquier incremento en la cotización previsional debe ir mayoritariamente a las cuentas individuales de los trabajadores. Dicho esto, reconozco que hoy es fundamental alcanzar un gran acuerdo que permita, después de varios intentos de reforma y muchos años de discusión, un cambio que siente las bases de mejores pensiones en el futuro.

Esto ciertamente exige algunas renuncias o concesiones de todos los sectores. En esta dirección, si prosperase la idea de separar la función de recolección de las contribuciones y distribución de las pensiones —función de soporte—, por un lado, y la gestión financiera, de otro lado, una alternativa a que sea un ente público derivado del IPS quien cumpla la primera de estas funciones, como lo propone el Gobierno, es que sea una entidad privada.

El profesor Zingales, de Chicago, ha propuesto una institución como Previred. El subsecretario Larraín ha argumentado en una columna reciente en La Tercera que los costos de la AFC realizando esta función son muy inferiores a los del conjunto de las AFP. Si esto fuera correcto, entonces se podría pensar en la AFC como la institución a cargo. Creo que una tercera alternativa es crear una sociedad anónima, abierta a bolsa, que tenga un tercio de su propiedad en manos de las actuales AFP —la mayoría de las cuales hoy son propietarias de la AFC y de Previred—, un segundo tercio para el IPS y el último tercio de las acciones se colocaría entre el público general a través de una IPO.

Con esto el gobierno corporativo tendría presencia de: a) los actuales incumbentes, quienes aportarían su infraestructura tanto física como digital y su know-how en soporte; b) el Estado, que a través del IPS haría lo propio; y c) inversionistas privados en general (diferentes de las AFP), quienes velarían que la operación fuese eficiente para optimizar la rentabilidad. Una ley especial ad hoc establecería los parámetros que garanticen la transparencia de la entidad y que no hubiese ganancias monopólicas, de un modo análogo al que se ha hecho desde hace muchos años con la distribución eléctrica y el agua.

Felipe Morandé
Economista