Esta semana muestra una buena síntesis de las contradicciones que en los hechos ha debido reconocer el gobierno del Presidente de la República, Gabriel Boric, frente a lo que fueron las promesas de campaña, su conducta como oposición y, en general, una mirada simplista de su coalición ante diversas políticas públicas o materias de interés nacional. No solo se ha visto obligado a prorrogar una vez más el estado de emergencia en el sur —a pesar de ser partidarios hace pocos meses de una propuesta constitucional que lo eliminaba—, sino que también se ha tomado razón del decreto para desplegar FF.AA. en el norte, algo difícil de imaginar al leer las propuestas y sobre todo el discurso de Apruebo Dignidad que les permitió acceder al poder.

A ello se suma la entrada en vigencia del TPP11 antes desdeñada y que se haya descartado el cierre del penal de Punta Peuco. Y es que un subsecretario de Justicia del Partido Comunista manifieste hoy que el foco es ampliar la capacidad de las cárceles, en vez de restringirla con un cierre, muestra que un discurso facilista está condenado a la destrucción cuando choca con la compleja realidad y deben tomarse decisiones.

Hay en todas estas materias una bienvenida rectificación, aunque lo expuesto muestra una forma preocupante de hacer política. Cuando no se está en el Gobierno se hacen promesas irrealizables o gravemente dañinas para el interés general, al privilegiar el retorno electoral inmediato, ocultando los efectos de mediano o largo plazo que una determinada medida puede tener. Cuando se está en el Gobierno se hace un giro, muchas veces sin siquiera una fundamentación suficiente ante la ciudadanía, frente a lo que ayer se sostenía sueltamente. Este desequilibrio entre los discursos de campaña y las sutilezas crecientes de los problemas que se enfrentan ha ido en aumento en los últimos años, abriendo el camino a la demagogia. Tampoco parece ser privativo de un sector político determinado.

Seguramente, hacerse cargo de estos notorios contrastes traslucen las palabras de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la entrevista de hoy en Reportajes, cuando plantea que “es el momento de actualizar la promesa del Gobierno ante el pueblo de Chile”.

Pese a estos cambios, hay una serie de materias en que se mantienen discursos o posturas si es que no irrealizables, dañinos para el interés general o en que se privilegia la ideología por sobre una adecuada resolución de los problemas. Tampoco la retórica revolucionaria ha cambiado en algunos —su punto máximo parece haberse alcanzado en la fallida Convención—, lo que se muestra también en la aproximación que se tiene de los 50 años del 11 de septiembre. Una mirada ponderada de lo ocurrido en el gobierno de la Unidad Popular parece estar ausente en muchas figuras políticas.

Por otra parte, las reformas tributaria y de pensiones mantienen aspectos problemáticos, que con razón han levantado críticas de especialistas. Hay aspectos centrales que deben ser estudiados con detención. Detrás de muchas modificaciones está la idea de aumentar en forma desmedida la injerencia y el papel del Estado en la economía, lo que puede significar un grave retroceso para el país. Analizar en profundidad los cambios, sin desentenderse de los efectos para el desarrollo que puedan producir, es tarea ineludible de los parlamentarios y el Gobierno debe estar abierto a cambios sustanciales.

Desafío de los expertos

En los próximos días comienza el trabajo de la Comisión Experta, en su tarea de presentar una propuesta de nueva Constitución al Consejo que se elija en mayo. Se trata de una responsabilidad de envergadura, que exige de todos sus integrantes una postura abierta al debate, a oír y dejarse convencer por los mejores argumentos, todo ello acompañado de una disposición para alcanzar amplios consensos.

Más allá del legítimo debate sobre sus nombramientos, cabe exigir a sus miembros marcar una clara diferencia en cuanto al proceso anterior, tanto en las formas de trabajo como en la calidad de las discusiones. También, sus integrantes deben entender que no están en esa tarea en representación de una universidad, instituto de estudios, un presidente o expresidentes determinados, parlamentarios o un partido político. Son ellos como personas naturales y en calidad de expertos, de acuerdo se indica en la Constitución, los que han sido designados. Si no se percibe esa independencia de juicio, su labor difícilmente podrá tener el éxito buscado.