Silencio mantiene la Cancillería ante el soberbio y continuo obstruccionismo del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al funcionamiento de la Alianza del Pacífico. El mandato de AMLO sobre esta expiró en diciembre. Desde entonces transgrede su obligación de entregar la presidencia pro tempore de la Alianza a la Presidenta del Perú, Dina Boluarte. Antes, el 25 de noviembre, suspendió la Cumbre de la Alianza por la negativa del Congreso peruano a prestar autorización para salir de su país al entonces Presidente Pedro Castillo, actualmente destituido y en prisión por un frustrado golpe de Estado que pretendió disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial. Lo sucedió constitucionalmente su vicepresidenta Boluarte.

Para la Cancillería chilena, el conflicto es únicamente un desencuentro entre los mandatarios de México y Perú; ignora que de hecho ha tomado partido en favor de México agraviando a Boluarte, dañando nuestros intereses en las buenas relaciones con Perú y el correcto funcionamiento de la Alianza del Pacífico, un acuerdo estratégico para la casi cincuentenaria y visionaria apertura al Asia Pacífico.

La Alianza es reconocidamente un instrumento, que no se había politizado, eficaz para la integración regional, que aporta un mercado creciente, superior a los nueve mil millones de dólares anuales para las exportaciones chilenas, 40% provenientes de pymes, fundamental para miles de empleos y centenares de empresas nacionales.

Presentes en esta crisis están las imprudentes declaraciones del Presidente Gabriel Boric en la Cumbre de Celac, en enero, exigiendo “cambio de rumbo” al Perú, agraviante para nuestros vecinos peruanos y para la Presidenta y gobierno de Boluarte. La renuncia, frente a Bolivia, del derecho soberano de Chile a la reconducción de extranjeros no bolivianos que ingresan clandestinamente a Chile por la frontera boliviana.

Una resolución exenta del Servicio de Migraciones prohíbe tal reconducción, que representa sobre el 90% de migrantes de esa categoría, del orden de cuatro mil mensuales, sobre 50 mil anuales, ante los cuales el anunciado despliegue del Ejército de Chile en la frontera norte resultará inútil sin la cooperación del gobierno boliviano, que hasta ahora favorece los ingresos de extranjeros por su territorio. Chile dispone y debe usar los variados instrumentos con que cuenta para forzar a Bolivia a velar por el control fronterizo.

Débil ha sido la reacción ante la inaceptable intromisión en asuntos internos de Chile del Presidente argentino, Alberto Fernández. Sus críticas al Poder Judicial y fiscales nacionales indignan a los chilenos.

Confluyen la ideología, debilidad, amiguismo y la incompetencia diplomática en la equivocada, sin rumbo, gestión internacional del gobierno y Cancillería del Presidente Boric.