Cada vez que el Gobierno se muestra inepto o incapaz de anticiparse y prevenir (o a lo menos mitigar) los efectos negativos de fenómenos que, razonablemente, pueden ser advertidos, no se aboca silenciosa y esforzadamente a enmendar el rumbo, sino y en vez, se empeña ruidosamente en buscar culpables a quienes endosarles su propia irresponsabilidad. Y en eso sí que la autoridad es veloz y creativa, tanto que en más de una ocasión el improvisado, pero a la mano, inculpado resulta en un absurdo. Pero aquello no la inhibe, pues la treta, por contraria a la razón que suene, permite matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, les ayuda a instalar en la opinión pública, con más o menos éxito, que su negligencia es, total o parcialmente, la de otro. Y no es de cualquier otro. La responsabilidad se endilga en quien ha sido concebido desde siempre como el enemigo, fácilmente identificable, y contra el cual habrá de alimentarse la mayor odiosidad posible. La salpicadura, al enemigo de siempre, con la calidad adicional de infractor, les permite continuar azuzando el antagonismo social, leitmotiv de Apruebo Dignidad.

Y es que la política, para el Partido Comunista y el Frente Amplio (con quien hoy estrechan alianzas importantes —y preocupantes— fuerzas del Socialismo Democrático), se ejerce y concibe manteniendo latente el conflicto entre “buenos” y “malos” (que siempre tienen las mismas características), incluso y de ser necesario, bajo la fuerza de lo falso. Todo indica que no les interesa revisar sus propios actos con el afán de mejorar ostensiblemente una gestión deficiente (y con ello la calidad de vida de los chilenos), sino que profundizar a como dé lugar el desacuerdo. Aunque ello no sorprende, no deja de resultar deplorable y miserable que sigan concibiendo la acción política de esa forma aun hoy que son los responsables de gobernar el país, y que lo hagan, además, decidida y constantemente para expiar su propia responsabilidad. Algo así como el Estado al servicio de sí mismo y no de la persona. Inaceptable.

En el plebiscito del 4 de septiembre la culpa fue del pueblo que, aunque mayoritaria y libremente rechazó, no supo entender (engañado por el enemigo) el iluminado proyecto constitucional que con tanto ahínco el Gobierno defendió. Cuando día tras día asaltan violentamente y a plena luz del día centros comerciales con armas de fuego que atemorizan a trabajadores y clientes, la culpa es de los dueños del mall (léase de los ricos neoliberales que infunden el “despreciable” consumo y otros “males”). Así, los locatarios y los dueños del mall no son, junto con los usuarios, víctimas, sino que victimarios (de la delincuencia y otros “males”). En las encerronas en las autopistas urbanas concesionadas (léase hitos del sistema de concesiones promovido por el presidente Lagos y de los 30 años que la generación gobernante denigra), nuevamente son las concesionarias las culpables (de que a usted lo asalten violentamente y de otros “males”). En los recientes y trágicos incendios forestales, en Valparaíso, las culpables fueron las inmobiliarias y, en el sur de Chile, las empresas forestales, a las que incluso el Gobierno por algunas horas quiso ¡castigar! con un impertinente royalty, por este y otros “males” que les achacan sin dudas, pero también sin pruebas. Convengamos, en todo caso, que aun cuando se haya enrielado el descarrilamiento del ministro sectorial, el anuncio de la mayor regulación a las forestales “culpables” lo fue del propio Presidente. Y convengamos también que el fallido royalty no solo es un enorme desaguisado, sino que está lejos de ser gratis. Las declaraciones irresponsables de las autoridades tienen consecuencias para el progreso y el bienestar de la población. Ellas tensionan la relación con el sector productivo y crean incertezas adicionales (en un escenario en que las existentes no son pocas) e innecesarias que redundan en el empeoramiento de las expectativas de la población.

Lamentablemente, los ciudadanos honestos que cumplen sus obligaciones y pagan sus impuestos terminan siendo tachados de culpables de la inexplicable inacción o de las malas decisiones del Gobierno. Duele el país, pues en este contexto, en que el propio Gobierno profundiza el daño a las confianzas para salvar su responsabilidad, cuatro años no solo son perdidos, sino que suenan a una penosa eternidad en un escenario en que retrocede en el progreso y los anhelos por mayor justicia y equidad.