El Gobierno ha planteado que a raíz de las trágicas consecuencias para las personas, viviendas, flora y fauna que han provocado los grandes incendios de la zona centro sur del país, se debe discutir sobre la regulación de largo plazo de la industria forestal. Desde Sofofa, hemos manifestado que el momento de este planteamiento es inoportuno e injusto, básicamente por dos razones.

Por una parte, dada la emergencia que estamos viviendo, el foco debe ser controlarla, y para ello el sector privado ha brindado un importante apoyo. En segundo término, el planteamiento de varias autoridades saca de contexto el origen del problema, al insinuar que la responsabilidad de los incendios forestales sería de la industria forestal y no por un problema de gestión de seguridad pública.

De acuerdo a la Conaf, el origen de los incendios radica en negligencia humana o en actos intencionales (25% del total según estadísticas previas) y este descontrol ha causado centenares de focos de fuego a lo largo de cuatro regiones del país. En este escenario, consideramos que lo que realmente corresponde es discutir el problema de fondo: el Estado no está siendo capaz de abordar la crisis que tenemos en el control de los delitos en el país. Las empresas forestales pueden seguir profundizando todas las medidas de seguridad que sean necesarias, pero ninguna de ellas impedirá que determinadas personas sigan quemando bosques de manera intencional. Ello solo lo puede frenar la autoridad.

Nos parece positivo el anuncio de que tanto el Ministerio Público como la Conaf refuercen sus capacidades para combatir e investigar el origen de los incendios forestales y nos ponemos al servicio de estas instituciones, ya que la impunidad de que gozan los causantes de los incendios debe terminar.

La principal preocupación de la ciudadanía (sobre el 80% según la última encuesta Cadem) es la seguridad y delincuencia. Esto afecta diariamente la vida de la ciudadanía en sus hogares, en sus plazas, barrios y espacio público, en el transporte urbano y por carretera y también en sus negocios y emprendimientos. ¿Cuál es el diagnóstico? Que hoy el Estado no es capaz a través de las instituciones existentes de cumplir con su obligación de entregar la seguridad que todas las personas necesitamos. La Constitución Política actual consagra explícitamente que el Estado debe garantizar la seguridad de las personas y la propiedad privada. Los chilenos de manera cotidiana somos testigos y en muchas de ellas, víctimas, de hechos de violencia como son los asaltos en nuestros hogares, en la calle, centros comerciales, encerronas en la ciudad y las carreteras, etc. A eso se suma el alarmante alza de homicidios, algunos por sicarios, inmigración ilegal, tráfico de drogas, robo de madera, de cobre y de camiones completos con mercadería. Esto no puede seguir así y como sociedad debemos reaccionar. Es el momento de enfrentarlo unidos y con determinación.

Para prevenir, investigar y sancionar todo delito existe el Ministerio Público, las policías, la agencia de inteligencia y los tribunales de justicia. Son estas instituciones las encargadas de estas labores, en que sin duda la sociedad civil puede colaborar con información para dar con los responsables de los delitos. Pero Chile vive hace muchos años una falta de seguridad y justicia y es tiempo de abordarlo, especialmente cuando estamos soñando el nuevo Chile. Necesitamos reinstaurar el orden, el respeto a la autoridad y las leyes, nuestra convivencia y sobre todo la paz. Este anhelo profundamente ciudadano debe inspirar tanto a autoridades como a líderes sociales, en una cruzada por la paz, el orden y la amistad cívica.

Desde Sofofa hacemos un llamado a las autoridades a instalar este tema de fondo en el centro de la agenda política y desde ya, como siempre, nos ponemos a disposición para participar y colaborar en esta sentida demanda ciudadana. Este es el primer paso necesario para construir un Chile más seguro, en que realmente seamos un país de oportunidades y donde nadie se quede atrás.

Richard von Appen
Presidente de Sofofa