Uno de los cuestionamientos habituales que recibe el Gobierno es el de que sus altas autoridades, incluido el Primer Mandatario, suelen emitir declaraciones sin un soporte real. Esto, ya sea porque corresponden a una materia que no está siendo seriamente estudiada o porque se carece de antecedentes sólidos que permitan darle un marco de referencia al debate que puedan suscitar. Así, ellas quedan en el vacío o generan un incordio innecesario. En ambos casos, se obstaculiza la posibilidad de un debate con altura de miras y la generación de confianzas para abordar los asuntos planteados. Algo de esto parece haber ocurrido la semana pasada, cuando el Presidente Boric, en medio de un punto de prensa sobre el control de los incendios en el sur, arguyó la necesidad de una nueva regulación para la industria forestal. Se abrió así un debate artificial que ha puesto en boca de distintos actores argumentos variados. Incluso se ha hablado de un posible royalty que poco tiene que ver con los acontecimientos que se viven, y que además no hace, en principio, ni sentido teórico ni práctico en el caso de las plantaciones forestales. Al respecto, cabe recordar que la idea de royalties tiene su origen en los planteamientos de David Ricardo sobre las distintas rentas de la tierra que se obtendrían como resultado de productividades diferenciadas. Para efectos de esta industria, esa premisa no encuentra demasiado sustento.

Otras regulaciones tampoco son evidentes. Se ha argumentado sobre el efecto que tendría el carácter de monocultivo que caracterizaría a las plantaciones forestales, en especial en el caso del pino y el eucalipto. Así, se ha hecho algún caudal de que muchos incendios han tenido su origen en plantaciones con especies exóticas, pero ello no debería ser una sorpresa. El 81 por ciento de las plantaciones forestales se concentra en cuatro regiones —Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía—, en las que a su vez solo se ubica el 16 por ciento del bosque nativo. Se trata de zonas particularmente afectadas por el cambio climático y con centros poblacionales asentados —algunos irregularmente— en sus cercanías, lo que no ocurre en el caso de las áreas con bosque nativo. Por lo demás, investigaciones recientes han sugerido que plantaciones dominadas por especies como el pino radiata pueden experimentar intervalos mucho más largos entre fuegos que los bosques nativos, de modo que la dispar evolución de los incendios puede estar más vinculada a otros factores. De hecho, la fluctuación en el número de hectáreas afectadas es muy variable y en temporadas pasadas las plantaciones forestales han sido menos arrasadas por el fuego que las de vegetación natural.

Es necesario también tomar conciencia de que un porcentaje significativo de los incendios es intencional. Hay mucho espacio, entonces, para prevenir, en lugar de ponerle cortapisas a una explotación que le genera al país cuantiosas divisas por exportaciones (casi 6 mil millones de dólares en 2021) y decenas de miles de empleos. Tampoco puede olvidarse que en junio pasado se publicó la Ley Marco de Cambio Climático (N{+o} 21.455), que incorpora una serie de regulaciones que afectarán a la industria forestal, incluidos algunos lineamientos respecto de los monocultivos. Dentro de ese marco siempre es posible efectuar revisiones a propósito de la experiencia que se vaya acumulando. En este contexto —y más aún cuando se comentaba sobre las bondades del trabajo coordinado entre el sector público y el privado para combatir los incendios—, el planteamiento presidencial, sobre todo por la total ausencia de contenidos concretos que pudiesen ilustrar a los ciudadanos respecto del foco que tendrían eventuales cambios normativos, no puede sino calificarse de desafortunado y de un verdadero paso en falso.