Una de las bases fundamentales para la futura Constitución dispone que Chile es un Estado social de derechos. En este contexto, todos deberíamos tener claridad conceptual respecto de qué son los derechos económicos y sociales (vivienda, trabajo, salud, educación, entre otros), cuál es su diferencia con los derechos liberales clásicos, cuál ha sido su eficacia allí donde están consagrados, si ellos pueden o no ser garantizados judicialmente y si acaso deben ser prestados solo por el Estado, o bien con la participación del sector privado.

La función principal del constitucionalismo democrático ha sido resguardar la libertad de las personas, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la privacidad, la inviolabilidad de las comunicaciones y del hogar, las libertades de conciencia, pensamiento, expresión y religiosa, el derecho de petición y el derecho a reunión. De allí surgió a partir del siglo XVIII la idea de espacios protegidos (el “territorio inviolable”, según Bobbio), vale decir, los derechos liberales clásicos, los cuales no deben estar sujetos a decisiones colectivas, ni siquiera cuando estas resultan de la soberanía popular.

Más tarde, se fue introduciendo la idea de que las constituciones también deben incluir, como lo hace la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas, ciertas garantías sociales y económicas. Cabe preguntarse de dónde nace la idea de que los miembros de una comunidad nacional tenemos obligaciones recíprocas los unos con los otros. A mi juicio, ello surge de la relación simbiótica que tenemos entre todos por el mero hecho de que nuestros destinos están profundamente ligados. Ya lo dijo Adam Smith: “Ninguna sociedad puede florecer y ser feliz cuando la gran parte de ella es pobre y miserable. Es solo de justicia que aquellos que alimentan, visten y abrigan a todos tengan una parte del fruto de su trabajo para estar bien alimentados, vestidos y abrigados”.

Dicho esto, queda por resolver si las disposiciones constitucionales son per se el mejor instrumento para lograr mayor bienestar para todos. Lo primero es tener claras las diferencias entre los derechos liberales clásicos y los derechos económicos y sociales, pues unos y otros son de naturaleza muy diferente. Los primeros son derechos de abstención, que solo requieren que los gobiernos o terceros no interfieran con los derechos y las libertades personales. Los segundos son derechos positivos, asociados siempre a prestaciones que requieren de la acción concreta de otros; no son universales, pues deben satisfacer necesidades diferentes, son difíciles de definir y no son absolutos, pues siempre son contingentes a las posibilidades materiales de cada país e históricamente han tenido costos incrementales que en la mayoría de los casos han requerido endeudamiento fiscal ilimitado.

De hecho, la actual Constitución, incluso antes de las reformas de 2005, ya establece el derecho a la previsión social, a la salud, a la educación y a un medio ambiente libre de contaminación. Es más, la mayoría de ellos estaban ya escritos en la Carta de 1925 y la libertad de enseñanza ha estado garantizada desde el siglo XIX. La pregunta clave es si aquello ha sido la razón del progreso del país en temas como educación y salud, y una respuesta honesta exige admitir que todas las mejorías han sido el producto del desarrollo, el crecimiento económico y las políticas públicas acertadas. Por lo mismo, es imperativo resguardar el rol que deben jugar en el futuro la política y la deliberación democrática en estos temas.

Finalmente, si bien la existencia de derechos sociales y económicos obliga al Estado a financiarlos de acuerdo a los recursos existentes, ello no significa que deban ser los gobiernos los prestadores exclusivos, pues el sector privado tiene una gran contribución que aportar.