Enormes focos de incendios en la zona centro sur e inundación en la zona norte de Chile, remociones en masa en Arequipa, inundaciones en Bolivia y un devastador terremoto en Turquía y Siria evidencian una realidad insoslayable: la lamentable pérdida de vidas humanas, miles de heridos y los prolongados efectos en la pérdida de bienestar de todas las personas expuestas.

Estos escenarios se repetirán continuamente en nuestras vidas y en las de generaciones futuras, cada vez con mayor frecuencia y afectación, producto de variadas causas, que además de los eventos geológicos, fundamentalmente se derivan del cambio climático en marcha, independientemente de si algunos de los casos haya sido iniciado de manera intencional.

Para Chile, la adaptación a esta nueva realidad es la principal urgencia del país. Sin ir más lejos, nuestra ubicación geográfica, además de presentar una de las actividades volcánicas y sísmicas más activas del mundo, está calificada como “altamente vulnerable” al cambio climático, con el 54% de nuestra población y el 12% del área total expuesta a tres o más tipos diferentes de amenazas.

Las consecuencias de esta condición se manifiestan en dimensiones y escalas que impactan a toda la población y comprometen el desarrollo sostenible del país. Por lo tanto, comprender la indiscutible situación que enfrentamos y, consecuentemente, la importancia de focalizarnos en la reducción del riesgo de desastres es uno de los mayores desafíos en los años que vienen. Es prioritario abocarse con voluntad a ello, lo que requiere de una decidida acción coordinada y colaborativa entre las comunidades, lo público y lo privado, dirigida primordialmente a la prevención, con el objeto de que ante un evento devastador no quede todo relegado a lo que se pueda lograr solo con la respuesta.

Es por ello la relevancia que adquiere la Ley 21.364 —en proceso de implementación— que entrega mayores herramientas para ejercer la Gestión del Riesgo de Desastres bajo una corresponsabilidad público-privada, en que las autoridades y sus respectivos comités de cada nivel administrativo del país coordinan y lideran a través de diferentes instrumentos de gestión la disminución de las vulnerabilidades, mediante un correcto ordenamiento territorial y el desarrollo coordinado de competencias y capacidades imprescindibles para reducir los efectos de las activaciones de las amenazas, y, con ello, minimizar la probabilidad de que se conviertan en desastres o catástrofes.

Sus alcances, para ser concretos, obligan a reforzar seis temas cardinales: 1. Llevar a cabo con determinación las iniciativas que permitan la adaptación al cambio climático; 2. Priorizar las tareas de mitigación y preparación para reducir el riesgo de desastres y lograr resiliencia; 3. Reforzar en las comunidades la comprensión del riesgo de desastres y entrenarlas para enfrentar adecuada y oportunamente los eventos a través de ejercicios de simulacros; 4. Asegurar la disponibilidad de recursos (capacidades), especialmente en el nivel comunal, y reforzar el liderazgo en la gestión del riesgo de los tomadores de decisión mediante una acertada planificación y ejercicios de simulación; 5. Ejecutar una gobernanza integrada, vinculando los objetivos de aquellas leyes y políticas públicas que apuntan al mismo propósito para ejercer una eficiente conducción, y 6. Fomentar e intensificar la alianza público-privada tanto en prevención como en la respuesta, con un relacionamiento directo con las localidades de su entorno, las desvinculadas y las afectas a las zonas de riesgos.

Estos desafíos prioritarios del Estado en el ámbito de la reducción del riesgo de desastres están claramente tipificados en la ley anteriormente indicada —que involucra tanto al Sistema como al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres— bajo un proceso sistémico y con un indivisible accionar público-privado, lo que implica una condición esencial para que estos eventos puedan ser manejados dentro de límites esperados, teniendo siempre presente que el objetivo final es proteger la infraestructura, los servicios básicos, el medio ambiente y sus ecosistemas vivos, y lo más trascendental de todo, salvaguardar el bienestar, la seguridad y la vida de las personas.

Ricardo Toro Tassara
Exdirector nacional de Onemi