Enfrentados ya al inicio del proceso constituyente —inicio, porque el anterior se cerró con el plebiscito del 4 de septiembre, aunque no haya sido reconocido en sus efectos expresamente establecidos—, la preocupación debe recaer ahora en las 12 bases en las que se enmarca esta nueva discusión.

De ellas, una es motivo de especial inquietud. Es la que establece que “Chile es un Estado social y democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común… en el que se promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

Ninguna de las otras bases expresa tan nítidamente la muy riesgosa concesión que hicieron los partidos de Chile Vamos a las izquierdas derrotadas. Se nos dirá que, sin esa base, no habría habido acuerdo, a lo que contestaremos que lo importante no es que haya habido acuerdo, sino precisamente lo que esa base podrá significar en la redacción del texto constitucional y, por lo tanto, en la vida del país.

Había tres opciones: o al respecto no se decía nada; o se mencionaba la subsidiariedad como principio rector para el Estado (y entonces no habría habido acuerdo); o se encontraba esta fórmula que, por supuesto, es la peor, porque deja explícitamente establecido un marco que abre el camino al socialismo. En Chile Vamos saben perfectamente (lo contrario sería suponerles una ignorancia inhabilitante) que con su postura han dejado atrás el que ha sido por décadas el eje fundamental de sus dos partidos principales: la subsidiariedad. Saben sus dirigentes que las expresiones “Estado social” y “desarrollo progresivo de los derechos sociales” no pueden significar sino la primacía del Estado sobre los particulares, con el consiguiente peso sobre las arcas fiscales (la expresión “sujeción al principio de responsabilidad fiscal” es una pomada placebo) y con el lamentable deterioro de la iniciativa de miles y miles de personas, que hasta ahora se han asociado para procurar responsablemente bienes que no le han demandado al Estado. Y eso, muy importante, los ha hecho más libres y les ha dado notable eficacia a sus iniciativas en educación, salud, recreación, vivienda, transporte, medio ambiente, y todos los etcéteras posibles.

¿Se acabará esa fecundidad social? No, pero que en la base que comentamos se termine afirmando que serán las instituciones estatales y privadas, en ese orden, las que promoverán los fines del Estado social, resulta muy revelador. Primero el Estado, después las personas. Adiós subsidiariedad, verdadero principio articulador del desarrollo nacional en los últimos 50 años.

Roger Scruton nos recuerda que Gramsci afirmaba que la sociedad está compuesta de unas mil pequeñas instituciones, unas mil asociaciones, unos mil patrones de comunicación y respuesta, y que llegar a cada uno e imponerles —salvaguardando el poder hegemónico que contienen— la disciplina de hierro del liderazgo del partido, ese es el secreto de la política.

Las izquierdas se encuentran ahora frente a esta oportunidad única: obligar a los constituyentes, en ambas etapas, a eliminar la subsidiariedad.

Si en alguna materia los árbitros más sensatos van a enfrentar desafíos enormes, será justamente en esta. Pero la posibilidad de rechazar ciertas iniciativas ha quedado ya muy limitada, porque la base tiene una sola dirección: el socialismo.

Por eso, cuando vayan apareciendo las proposiciones concretas por el socialismo, amparadas en la base 5ª, que ningún dirigente de Chile Vamos se sume a la expresión de Ortega: ¡no es esto, no es esto! Ya será demasiado tarde para lamentaciones.