Los ajetreos de los partidos para armar las listas de candidatos al Consejo Constitucional dejaron en evidencia que no tenían mucha gente disponible o que cumpliera los requisitos mínimos para postular. No es un buen augurio de lo que puede venir. Aunque el voto será obligatorio, es improbable que la elección motive realmente a los ciudadanos. Se elegirá un órgano experimental que será parte de un intrincado sistema cuyo funcionamiento cuesta visualizar.

Lo que ha quedado claro es que los partidos tienen sus propias prioridades: defender su metro cuadrado, medir fuerzas dentro de su sector, asegurar el financiamiento estatal que siempre les viene bien, preparar el terreno para las elecciones municipales, etc. ¿Y la Constitución? No hay para qué preocuparse. De ello se encargarán los expertos.

Fue tan deplorable la experiencia de la Convención que los partidos opositores y gobiernistas concibieron ahora un complejo aparataje. A primera vista, el órgano fundamental es el Consejo Constitucional de 50 miembros, que se elegirá en mayo, pero sucede que será la Comisión Experta, cuyos 24 miembros fueron designados por el Congreso, la que redactará un anteproyecto de nueva Constitución a partir de marzo. Los expertos entregarán dicho texto al Consejo, pero podrán discutir y negociar con este las disposiciones definitivas. Funcionará, además, el Comité Técnico de Admisibilidad, cuyos 12 miembros también fueron designados por el Congreso, y que velará por el cumplimiento de los 12 puntos pactados en la reforma que habilitó el proceso.

¿Y qué pasó con los escaños reservados? Habrá una circunscripción nacional para los candidatos indígenas. Si reúnen entre todos el 1,5% de los votos válidamente emitidos por el conjunto de los electores, elegirán un consejero. Para obtener 2, deberán reunir el 3,5%, y luego, cada dos puntos porcentuales, se agregará otro elegido. Es el resabio vergonzoso de la segregación racial en las elecciones, inventada por los parlamentarios que armaron la Convención.

No es todo. El Congreso encargó a la U. de Chile y a la UC que organicen un mecanismo de participación ciudadana. “Creemos —dijo Claudio Troncoso, de la U. de Chile— que es fundamental que la etapa de participación tenga el mayor alcance posible y logre ser incidente a la hora de la redacción de las normas que llevará a cabo el Consejo Constitucional”. No es el Consejo el encargado de redactar las normas, sino la Comisión Experta. Habrá que ver en qué consistirá esa participación “incidente”.

Mucha gente se pregunta por qué Chile tuvo que meterse de nuevo en el túnel del que había salido. La respuesta está en La Moneda. Luego de la derrota del 4 de septiembre, el Presidente Boric pudo haberse abocado a la tarea de gobernar lo mejor posible y haber dejado en manos del Congreso el debate sobre los eventuales cambios, pero optó por estimular la compulsión constituyente. Lo primordial era tapar la derrota y, quizás, conseguir otra oportunidad para su gente. Los partidos de centroderecha fueron comprensivos al respecto.

Si Chile tuviera un verdadero problema constitucional, que se manifestara, por ejemplo, en vacíos respecto de la división de poderes o la protección de las libertades, lo lógico sería efectuar reformas específicas, y no desmontar el edificio. Al fin y al cabo, el país tiene un orden constitucional que es el resultado de la acumulación de reformas que se demostraron ampliamente provechosas, como que fueron el soporte del progreso económico y social de 30 años. Pero la coalición de gobierno quiere demostrar que no fue así. Es su batalla contra la transición.

El Índice de Democracia elaborado por Economist Intelligence Unit dio a conocer hace poco su informe correspondiente a 2022. Allí, se miden 5 aspectos: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Del puntaje asignado a 165 países, el informe estableció que en el mundo existen 59 regímenes autoritarios, 36 regímenes híbridos, 48 democracias defectuosas y solo 24 democracias plenas. En América Latina, solo son democracias plenas Uruguay, Costa Rica y Chile.

Lo que el país necesita es renovar el pacto de lealtad con la democracia, de lo cual no es garantía ningún texto. Solo queda desear que el nuevo proceso, que está muy lejos de las preocupaciones de la población, no acarree mayores dificultades al país, que ya tiene demasiadas. Ojalá se desarrolle sin dañar la democracia real.

Todo indica que la elección del 7 de mayo se convertirá en una confrontación rigurosamente política, en la que los electores se pronunciarán sobre el rumbo del país y el desempeño del Presidente.

Sergio Muñoz Riveros