A medida que se debilita el impulso refundacional en el Gobierno, el rol de algunos de sus cuadros más técnicos, que habían estado opacados, se refuerza. Así, se observa ahora un fuerte impulso en concesiones de infraestructura, después de haber sido criticadas y casi eliminadas en el fracasado proyecto constitucional. A su vez, la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha llamado al orden a los evaluadores de proyectos en los distintos órganos del Estado. Y en Energía, el Ministerio intenta avanzar con leyes y reglamentos que faciliten la transición energética.

En concesiones, el monto de inversiones que serían licitadas este año es elevado. Incluyen carreteras que están siendo relicitadas, teleféricos, tranvías, aeropuertos y una cárcel. Esto último es una sorpresa, al recordar cómo la Convención Constitucional buscó sacar a los privados de este ámbito. La mirada aquí parece volver a su tradicional enfoque técnico. Las enormes inversiones que necesitan atraer estos proyectos requieren que no haya más frivolidades, como apoyos simbólicos a No+Tag o la idea de eliminar los peajes o su reajustabilidad.

El sector eléctrico también requiere cuantiosas inversiones para descarbonizar la economía. Las pérdidas de las empresas renovables del norte son crecientes y pueden disuadir nuevas iniciativas. Se deben acelerar obras de transmisión, pero ellas son de lento desarrollo, debido a la oposición que a menudo enfrentan por oportunismo o miopía. También es posible actuar fomentando el almacenamiento (cambios recientes a la Ley Eléctrica ayudan en esto) y la generación distribuida. En cualquier caso, para mantener o aumentar la tasa de inversiones en energías renovables, se requieren cambios legales. Se trata de reformas en las normativas de transmisión, generación y distribución, complejas tanto por su naturaleza como por enfrentar intereses encontrados.

El último ejemplo de esta renovada importancia de la experticia es el llamado a la disciplina y a las decisiones técnicas por parte del SEA. Esto les dará mayor confianza a los potenciales inversionistas en infraestructura. En efecto, si se revisan evaluaciones sectoriales de casos recientes, se observa que a menudo evaluadores de un ministerio plantean temas que no les conciernen, y sobre los que no tienen capacidad de determinar ni su validez ni su importancia. Una mayor confianza en los procesos técnicos se traduce en una reducción del retorno requerido por las inversiones, lo que beneficia a la sociedad.

Sin embargo, siguen también operando lógicas políticas en dirección contraria. Ya se vio en el caso Dominga y, mucho más crudamente, a propósito del proyecto Plaza Egaña. Entre las autoridades locales, grave es la actuación de la alcaldesa de San Antonio, quien rehúsa colaborar en el desalojo de una enorme toma de terrenos y quien antes de asumir el cargo apoyó otras ocupaciones. La toma interfiere con un proyecto vial que evitaría la congestión de camiones por el centro de la ciudad. Aquí la ideología y los conflictos de interés están por encima de los deberes hacia sus representados.

Las aprensiones de los inversionistas se deben a la influencia de actores como estos últimos, dispuestos a sacrificar el bienestar social para privilegiar promesas hechas a sus bases políticas.