Hemos podido constatar el agravamiento creciente de la delincuencia en nuestro país. Los robos y asaltos con violencia son cada vez más frecuentes y peligrosos. Ya no son delincuentes que actúan en forma individual; son bandas organizadas que realizan asaltos efectivos, con alto poder de fuego, violencia y sin escrúpulos.

Entre las explicaciones está la falta de controles en nuestras fronteras, una legislación y actuación de las policías y de la justicia muy blandas, temerosas de ser acusadas de caer en los excesos del gobierno militar. No entienden que las democracias modernas protegen a sus ciudadanos de los delincuentes y que ellas también cuidan que las policías no cometan ilegalidades.

Otra de las explicaciones es el poco interés que ha demostrado el Servicio de Impuestos Internos (SII) en utilizar sus atribuciones para fiscalizar, investigar y sancionar a estas mafias. Ellas realizan sus actividades para lucrar, así como como también las otras empresas y personas que los ayudan.

En la Concertación se priorizó con energía la persecución de las mafias, utilizando el SII sus atribuciones en temas de delitos tributarios. Realizó cambios de sujeto en el caso del IVA, y se concentró la fiscalización donde esta era más efectiva: molinos y ferias en lo agrícola; empresas grandes con muchos proveedores; se obligó a emitir facturas en el caso de compraventa de divisas, de artículos usados cuando hay habitualidad, etc. Esto permite fiscalizar y sancionar a los reducidores de los artículos robados. ¿Por qué no se utilizan estas facultades en el caso del robo de madera; el robo de cables de cobre; las mafias que trafican drogas y las distribuyen; las grandes empresas delictuales organizadas para el robo de autos; las mafias que se están adueñando de sectores de nuestras principales ciudades para lucrar con el comercio informal?

El éxito que tuvimos en los 12 años que estuve en el SII se debió, en parte, al apoyo que siempre tuvimos de los tribunales de justicia. A modo de ejemplo, frente a uno de los casos emblemáticos de fraude económico, la Corte Suprema razonó más o menos así: “Si nosotros pagamos todos nuestros impuestos, ¿por qué no los han de pagar los delincuentes?”.

La falta de prioridad como Estado de controlar y perseguir con todo el rigor de la ley la delincuencia y el crimen organizado contrasta con la política de fiscalización recientemente declarada por el propio SII, así como por la orientación de la reforma tributaria de este gobierno.

Se ha decidido recaudar de múltiples maneras de los empresarios y empresas, quitando el incentivo que tenían sus dueños para reinvertir en ellas. Obviamente que estas personas están sacando legalmente los recursos de sus empresas, los están invirtiendo en el exterior, o derechamente los sacan o sacarán de Chile. El que todavía muchos de ellos mantengan su domicilio tributario en Chile no significa que lo vayan a seguir haciendo, especialmente si prospera la estrategia tributaria de este gobierno y se mantiene el actuar negligente del Estado en temas de delincuencia organizada, pues esta será una razón adicional para que muchos empresarios dejen de invertir en el país o decidan abandonarlo.

En los hechos, se está facilitando el actuar de las bandas criminales nacionales e internacionales y desincentivando la permanencia de los empresarios y personas de alto patrimonio en Chile.

Javier Etcheberry
Exdirector SII