Señor Director:

En la edición de ayer vienen cuatro cartas referidas a mi columna sobre la Comisión Experta. La primera, del abogado Pablo Fuenzalida, da cuenta de que uno de los costos del diseño del Acuerdo por Chile es haber reducido el escrutinio académico sobre el mismo. En esto no puedo estar más de acuerdo. Las otras tres cartas son de Luis Larraín y Carlos Cáceres en defensa de sus investigadoras, de Jorge Baraona González, y del decano de mi Facultad, José Ignacio Martínez.

Remarco mi punto: lo que reflejaban todas las encuestas es que esta Comisión debía contar con intelectuales o investigadores del más alto nivel en las ciencias jurídicas, sociales y políticas. Pero los partidos terminaron eligiendo sobre la base de sus preferencias político-partidistas a una mayoría de políticos. Solo cuatro de ellos, me parece, tienen la categoría propiamente de expertos.

Entiendo que Jorge Baraona califique mi carta de injusta, porque supuestamente menosprecio la trayectoria de muchos de los designados, algunos de ellos, como Sebastián Soto y Carlos Frontaura, muy buenos amigos míos. Pero no se trata de eso; todos ellos son políticos o académicos relevantes y de gran experiencia, pero no califican como expertos. Si los nombres que a un académico como yo, que lleva más de treinta años en el ámbito universitario, no le resultan conocidos, es porque no han tenido relevancia en cuanto expertos o expertas.

Respecto del Instituto Libertad y Desarrollo siempre me ha parecido que es un think tank destinado a estudiar políticas económicas que favorecen a las empresas. Entiendo que defiendan a sus investigadoras y las consideren expertas, pero no es así. Además, Libertad y Desarrollo ha ido decreciendo en el rigor de sus análisis, no como en los tiempos de la dirección de Carlos Cáceres, y si mi afirmación de que son los empresarios los que lo financian les parece injuriosa, deberían hacer lo mismo con las expresiones del profesor Hugo Herrera, que yo no hago más que repetir. Además, lo de “indiscutible trayectoria” está en el acuerdo, pero no se reprodujo en la reforma constitucional.

Finalmente, me hago cargo de la carta de mi decano, José Ignacio Martínez, que me consta que tampoco era partidario de estos nombramientos, como lo expuso en columna en este mismo medio. Pero ahora les desea que tengan un buen trabajo en la preparación del anteproyecto y les ofrece la ayuda de las universidades. Por cierto, qué más quisiera yo que tuvieran éxito en este objetivo, pero me parece que no lograrán redactar un texto coherente y riguroso, para desgracia del país.

Hernán Corral