Uno de los llamados bordes del nuevo proceso constituyente define a Chile como un Estado Social de Derecho, con consideraciones de sostenibilidad fiscal. Es difícil estar en desacuerdo con este principio, lo importante es cómo se lleva a la práctica. En este tema, la experiencia comparada tiene un valor significativo, ya que nos permite tener una idea de los costos y beneficios de los diferentes caminos a seguir.

Buenos ejemplos de experiencia comparada son los procesos de desarrollo de Francia y Estados Unidos, el primero probablemente el mejor representante de un Estado Benefactor y el segundo con políticas laborales muy flexibles, y beneficios sociales menos significativos. Si comparamos los indicadores sociales de ambos países, podemos ver que un Estado Benefactor resulta en mayores niveles de equidad. Mientras la tasa de pobreza en Estados Unidos (después de impuestos y transferencias) es de 18%, en Francia es menos de la mitad, 8%. Lo mismo ocurre si miramos el índice Gini, que en Francia es de 0,29 y en Estados Unidos de 0,40. Sin embargo, ocurre lo inverso si comparamos índices de desarrollo económico; entre 1980 y 2022 la economía norteamericana acumuló un crecimiento de 203%, mientras que Francia creció exactamente la mitad. Por supuesto el Estado Benefactor no es la única causa de esta diferencia, pero resulta muy relevante comparar la realidad laboral de ambos países, bastante más vinculada a los derechos sociales. La tasa de desempleo en Francia no solo es más elevada (8%), sino que también ha sido creciente en el tiempo, mientras ha ocurrido lo contrario en EE.UU., con una tasa de desempleo de menos de 5%. Los altísimos impuestos a la planilla en Francia generan que el fenómeno de desempleo sea especialmente grave en los jóvenes, cercano a 20%, en comparación con una tasa de menos de 10% en EE.UU. Pero no solo el desempleo es mayor en Francia, la tasa de ocupación es inferior; es decir, existen recursos productivos inutilizados, lo que, además de un costo económico, es fuente de frustración, considerando que el trabajo es una condición importante para una mejor calidad de vida. En Francia la tasa de ocupación es de 67% (ha subido en años recientes producto de las reformas que han moderado el Estado Benefactor), mientras en que en EE.UU. es de 70%. La carga tributaria, por supuesto, también difiere fuertemente entre estos países. En Francia la tributación representa un 46% del PIB, mientras que en EE.UU. llega a un 26%, lo que explica en parte su mayor dinamismo privado.

Estamos frente a dos modelos de desarrollo legítimos, frente a los cuales las preferencias políticas de la sociedad definen un camino. Elegir entre mayor igualdad o mayores niveles de ingreso, mayores certezas o mejores posibilidades de surgir por medio del talento y esfuerzo. Ambos podrían ser, en principio, caminos válidos para nuestro país, aunque teniendo muy presente que, si seguimos un modelo más cercano al de Francia, lo haremos con un nivel de ingreso per cápita muy inferior al de ese país, optando además por un esquema que hace más difícil cerrar esa brecha. Por esa razón, mi preferencia personal no sería el modelo francés, porque atenta en contra de los incentivos al crecimiento, y además por un nivel de intervencionismo estatal que creo contraproducente.

El problema es que Chile no solo está lejos del modelo tipo europeo por nuestro nivel de desarrollo. Existen además dos barreras bastante significativas para optar por ese camino: la baja tasa de ocupación laboral y el creciente problema de informalidad, que hace insostenible un Estado Benefactor, debido al desequilibrio que nuestra realidad genera entre derechos y deberes. La tasa de ocupación en Chile es de 58%, casi 10 puntos por debajo de la de Francia, y más grave aún, el nivel de informalidad de empleos y negocios en Chile es de 40%, mientras en Francia es de menos de 10%. Se trata de un problema de fondo, porque se quieren establecer beneficios, pero no parece factible una contrapartida equivalente en las contribuciones necesarias; es baja la tasa de ocupación, más baja aún es la tasa de ocupación formal, y la inmensa mayoría de los trabajadores formales no paga impuesto a la renta. Sería, por lo tanto, inviable financieramente, y además injusto para los que contribuyen, lo que deslegitima el modelo. Entonces, no se trata solo de si Chile debe ser un Estado Social de Derecho, materia opinable, sino de si Chile puede serlo. Derechos sin deberes es el camino a ser Argentina, y no creo que sea una buena opción para nadie.

Cecilia Cifuentes
Directora ejecutiva Centro de Estudios Financieros ESE
Business School U. de los Andes