El último informe de ejecución del gobierno central describe la evolución de las cuentas del Estado durante 2022. Los ingresos del fisco registraron un aumento real anual de 6,3% a diciembre, mientras que sus gastos cayeron un 23,1% real en el mismo período. El resultado implica un superávit de 1,1% del PIB, inédito en más de una década. Sin embargo, para un país que enfrentará una fuerte desaceleración en 2023 —el FMI anticipa una variación del producto de -1,5%—, el resultado debe ser interpretado con cautela y sin eludir considerar también las consecuencias de las holguras fiscales para el debate tributario.

Al analizar los ingresos del gobierno central (que alcanzaron un 25,5% del PIB en 2022), si bien muchos en la discusión pública han enfatizado la contribución de los impuestos, lo cierto es que la mayor sorpresa la aportó el ítem “Rentas de la propiedad”, que creció un 503%, llegando a representar un 5,3% del total de los ingresos, levemente inferior al 5,8% de la minería privada. Tal como lo indica el documento de la Dirección de Presupuestos, estos recursos provienen de la recaudación asociada a los contratos de explotación de litio de las empresas Albemarle y SQM negociados en 2016 y 2018, respectivamente. En este sentido, y cuando hoy el Ejecutivo insiste en la necesidad de subir impuestos para aumentar la recaudación, con todas las ineficiencias y dificultades prácticas que su proyecto de reforma tributaria implicaría, resulta iluminador confirmar el inmenso impacto recaudatorio que supone concesionar la extracción de recursos naturales de la mano de la actividad privada, ámbito en que el Gobierno dista hoy de avanzar. Esta tensión no debería estar ausente de la actual discusión sobre impuestos.

En cuanto a los gastos, estos alcanzaron el 24,4% del PIB. En líneas generales, la cifra es consistente con la Ley de Presupuesto aprobada en 2021 y demuestra que la actual administración respetó el mandato originado en el gobierno anterior. En otras circunstancias esto no hubiese generado mayor revuelo, pero en un contexto en que la institucionalidad económica de Chile se ha visto fuertemente debilitada, es positivo confirmar que algunos principios básicos son respetados por una coalición en la que participan sectores que no han tenido en la responsabilidad fiscal una prioridad.

Sí llama la atención la evolución del gasto de capital. Si bien el foco puede ponerse en el aumento de 31,3% en doce meses del ítem “Transferencias de capital”, influido por la decisión de la actual administración de implementar una nueva estructura presupuestaria en los gobiernos regionales y el pago de IVA de concesiones (lo que no puede considerarse realmente inversión), es preocupante notar que la inversión propiamente tal tuvo una caída de 18% durante 2022. Esto obliga a colocar en perspectiva el positivo resultado de superávit fiscal, pues sugiere que, más allá de las estadísticas de ejecución presupuestaria, el Estado enfrenta dificultades para desarrollar proyectos que permitan activar la economía y generar empleo en el mediano y largo plazo.

Es posible, por otra parte, anticipar que las cifras informadas incidirán también en el debate político. En una mirada retrospectiva, el año 2022 terminó sorprendiendo en materia de crecimiento. La más reciente variación del Imacec dejó la expansión de la economía en torno a un 2,7% (por sobre el 2,2% previsto por la autoridad), con un mercado laboral que se ha comportado de acuerdo con esa realidad. Esto redujo las presiones políticas por aumentar el gasto por sobre lo técnicamente recomendado. Sin embargo, el escenario de 2023 será probablemente distinto. De acuerdo con el FMI, Chile será el único país en América Latina y el Caribe con una caída en su producto. Sin entrar en la discusión en cuanto a si un menor superávit fiscal en 2022 podría haberlo evitado o no, la presión política por aumentar el gasto en un escenario recesivo parece inevitable. La capacidad de las autoridades económicas para asegurar la salud de las cuentas fiscales enfrentará entonces otra difícil prueba.