Son varias las interrogantes que se confirman tras la decisión del Comité de Ministros de rechazar el proyecto minero-portuario Dominga, negativa que en el último año se suma a la de al menos otros cinco proyectos mineros.

La primera interrogante es sobre la preeminencia de los aspectos técnicos por sobre los políticos en la evaluación de proyectos. Afirmamos lo anterior porque el proyecto Dominga contaba con un Informe de Calificación de Evaluación (ICE) favorable, con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, además del pronunciamiento del Primer Tribunal Ambiental, que especifica que el proyecto tenía los antecedentes suficientes para su ejecución. Todo indica que, en este caso, no primaron los criterios técnicos.

La segunda interrogante es si el país quiere más inversión del sector minero, esto es, que se desarrollen y aprovechen las oportunidades que económica, social y ambientalmente la minería puede brindar. Si el desarrollo social y económico es efectivamente compatible con el cuidado del medio ambiente —como lo ha planteado el sector, y ahora último la ministra de Medio Ambiente—, se hace indispensable conocer los lineamientos para que ello se cumpla. Hoy estamos ante una situación de suma cero. Las comunidades necesitan mayor y mejor participación, y las empresas necesitan certeza y eficiencia en la permisión. Actualmente el sector está gravemente afectado por atrasos y rechazos, encaminándonos hacia una indeclinable baja de producción. El único plan concreto para la minería ha sido el de subir su carga tributaria, el Gobierno anterior más que duplicó las patentes y este promueve un royalty que sacrifica la competitividad. Nadie parece reparar que con impuestos excesivos y una menor producción, en el mediano plazo, habrá mucho menos que distribuir.

La tercera interrogante es por qué se insiste en actuar respecto de la minería como si esta no hubiera evolucionado. El aprendizaje adquirido por el sector en la última década le ha permitido a la industria llevar adelante una gran transformación. La minería utiliza solo el 4% de las aguas continentales del país, recircula el 74% del agua que consume, y satisface su necesidad de recursos hídricos en un 30% con agua de mar desalada y sin desalar, cifra que al 2029 será del 50%. El mismo porcentaje es el de la energía eléctrica que consume proveniente de fuentes renovables, lo que al 2030 será de aproximadamente el 90%. Todas las empresas de la gran minería han hecho público su compromiso de disminución de emisiones de GEI y esperan lograr la carbono neutralidad incluso antes del año 2050. Del total de flujos que genera esta actividad, el 85% se destina a inversión, remuneraciones, pago de proveedores e impuestos. Por último, para concretar estos compromisos, hay una inversión considerable de la industria en el desarrollo de tecnologías, ciencia, innovación, capacitación de trabajadores y formación de nuevos talentos.

Estamos muy lejos de la autocomplacencia. Los desafíos son muchos y permanentes, y sabemos que podemos hacer más, pero hoy se necesita construir un marco de confianza que habilite la ejecución de proyectos mineros para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Chile no puede seguir esperando: la minería está disponible, no solo para pagar más impuestos, de manera razonable, sino también para involucrarse activamente en una agenda de desarrollo económico, bajo las condiciones ambientales y sociales de una minería responsable.

Joaquín Villarino
Presidente Ejecutivo Consejo Minero