El Mercurio.com - Blogs : Solución que no puede seguir esperando
Editorial
Miércoles 01 de febrero de 2023
Solución que no puede seguir esperando
Son el Estado y sus autoridades los responsables de asegurar el buen funcionamiento del sistema de salud.
La realidad que enfrenta el sistema de seguros de salud en nuestro país ha adquirido un carácter kafkiano. Se requiere una solución razonable y de corto plazo para poner en práctica el pronunciamiento de la Corte Suprema que obliga a que los precios de los planes privados no puedan superar los que resultarían de aplicar el plan base definido por las isapres, ajustados por las tablas de factores que fijó la Superintendencia de Salud a partir de abril de 2020. Dado que esas instituciones estaban aplicando otras tablas, eso supondría eventualmente devolver dineros a los afiliados. El monto específico dependerá de cómo el organismo público interprete las diferencias entre las tablas vigentes y las definidas a partir de abril de 2020. Hasta ahora no hay ninguna indicación precisa al respecto, pero es evidente que bajo algunos escenarios los aseguradores podrían caer en insolvencia, produciendo un efecto dominó sobre todo el sistema de salud. Esto, tanto por el impacto financiero en los prestadores privados como por los efectos derivados en el seguro público, que podría sufrir una avalancha de afiliados provenientes de los seguros privados.
Las autoridades han sido erráticas en esta dimensión. Después de semanas en que negaron la posibilidad de presentar un recurso de aclaración a la Corte Suprema, finalmente optaron por hacerlo y obtuvieron una respuesta inmediata que solo desnudó la poca efectividad con que han abordado el tema. Mientras tanto, no se conoce un esbozo mínimo de estrategia para enfrentar esta compleja situación. El Gobierno —hasta el ministro de Hacienda ha caído en este lugar común— prefiere culpar a las isapres del estado actual de cosas, como si ellas tuviesen posibilidad de influir en la regulación o la experiencia y la capacidad para definir aquello que es mejor para el país. Por cierto, las declaraciones de sus representantes no han sido siempre las más adecuadas o sus actuaciones las más prudentes, pero finalmente son el Estado y sus administradores los responsables de velar por el mejor interés de los ciudadanos y de asegurar el buen funcionamiento del sistema de salud en esta coyuntura.
Es evidente que el actual sistema de seguros de salud debe modificarse significativamente, pero ello solo podrá lograrse si se encuentra funcionando con un grado razonable de estabilidad. Hay signos de que ello no es así —existen, por ejemplo, clínicas que no están honrando convenios acordados, y controladores de isapres anuncian procedimientos para utilizar los mecanismos de solución de controversias que contemplan los TLC— y que esto podría agravarse en los próximos meses. Mientras, las autoridades no solo carecen de la referida estrategia, sino que tampoco hay lineamientos mínimos que puedan ser útiles para enfrentar la coyuntura si se desatara un derrumbe mayor del sistema. Han dicho estar preparadas para proteger a los ciudadanos, pero ningún conjunto de ideas coherente ha acompañado estas declaraciones para saber, o al menos intuir, cómo ello se podría abordar. Quizás algunos ven una oportunidad para promover una gran reforma a la salud. Sin embargo, está lejos de vislumbrarse una propuesta madura a ese respecto.
El sistema de seguros de salud ha tenido un carácter dual desde 1981. Por un lado, un seguro público que tiene un carácter redistributivo y donde el “precio” no se hace cargo de los distintos costos esperados que significan los diversos beneficiarios. Por otro, seguros privados donde la lógica inicial era la de cualquier seguro privado y, por ende, los beneficiarios tenían una prima que variaba con el costo esperado de atenderlos. Por razones relacionadas, los aseguradores privados podían excluir a personas con preexistencias. Es un modelo que —a propósito de diversos cuestionamientos, del fallo del Tribunal Constitucional de 2010 y de la resolución de la Corte Suprema del pasado noviembre— debe cambiar. Pero si en todo este tiempo el mundo político no ha logrado un acuerdo para modificarlo, es difícil que pueda hacerlo a partir de una crisis de la envergadura que hoy arriesga generarse. Las autoridades de salud harían bien en reflexionar al respecto.