Los retiros de fondos de pensiones del año 2020 y 2021 tenían una causa de fondo que permitió un acuerdo político amplio. La causa inicial —aunque eso se aplique fundamentalmente al primer retiro— fue la tardanza del gobierno en reconocer que sus políticas paliativas para enfrentar la pandemia excluían a un sector importante de la clase media. Algunos diputados descubrieron cómo resolver el problema: los retiros de fondos de pensiones, esos ahorros obligatorios que son propiedad de las personas, pero que no pueden usar hasta la jubilación.

No era tan fácil. No bastaba con que algunas diputadas tuvieran la idea. Los retiros se aprobaron después de sendas reformas constitucionales cuyo quorum era de 2/3. Es decir, los retiros tuvieron un amplio apoyo parlamentario y de todos los partidos políticos.

¿Por qué una medida tan mala contó con un apoyo así de masivo? Como dijimos, inicialmente había una necesidad. En los siguientes dos retiros, producto de los IFE que ya se estaban implementando, ese argumento perdió fuerza, pero apareció otro que sigue vigente hasta hoy: en los retiros se dan las condiciones para políticas populistas proclamadas por políticos demagógicos: beneficios inmediatos y medibles, pero costos futuros y difusos.

Con las elecciones en el horizonte, en 2020 y 21 era difícil para un candidato no apoyar una medida de este tipo. Salvo excepciones, fundamentalmente de diputados de las “cinco comunas”, los que se opusieron no iban a la reelección o yendo, perdieron. En el resto, el apoyo fue masivo. El problema es que no tenían cómo justificar ante sus electores por qué se podrían haber opuesto.

2023 puede ser similar si no se actúa de manera inteligente y diligente. Desde abril se podrán nuevamente presentar mociones de reforma que permitan nuevos retiros. Además, durante el segundo trimestre serán las elecciones de constituyentes, por lo que la tendencia de los partidos, que ahora tienen más control del proceso, será naturalmente a satisfacer al público. En lo económico, la tasa de desempleo estará empezando a subir. En parte, será por razones estacionales, pero también por la recesión. Más aún, no se puede descartar que eso mismo detone un regreso a la fuerza de trabajo de personas que se retiraron de ella producto de la pandemia, pero que ahora tendrán necesidad de ingresos.

En estas condiciones, ¿logrará Pamela Jiles juntar los votos para avanzar? Es posible.

Frente a esta situación, el único argumento político que será posible plantear es que los retiros son contradictorios con la reforma previsional en discusión. Pero para que ese argumento sea creíble, la reforma previsional no puede estar trancada. Debe haber avances que hagan creíble su aprobación.

Más aún, debe haber avances en una dimensión prioritaria: solidaridad. Primero, porque los constituyentes de todos los partidos estarán intentando llenar de contenido la declaración, hoy ampliamente aceptada, de que Chile tendrá un “Estado social y democrático de derechos”. Segundo, porque habrá muchas familias en necesidad objetiva de ayuda financiera. El llamado a la solidaridad estará a flor de piel.

La reforma contiene dos modos de solidaridad. Uno es conocido y eficaz: la PGU, que puede terminar con la pobreza en la vejez. El otro es desconocido y probable: el ahorro colectivo.

La gracia de este instrumento es que puede servir mejor que la PGU para aplacar vulnerabilidades de la clase media. Como está hoy, sin embargo, hay dudas de que sea así. Pero además, el uso de cuentas nocionales, al reducir la percepción de propiedad de los fondos (porque ahora son derechos), puede alimentar la demanda por retiros basados en el dicho tradicional “mejor pájaro en mano que cien volando”.

Esta será la prueba de fuego. Si la derecha sigue oponiéndose a esta forma de solidaridad con cotizaciones, insistiendo en que solo la PGU es deseable, y el Gobierno no cede en su defensa de las cuentas nocionales, será más difícil para los parlamentarios oponerse a la demagogia de los retiros.

Y si hay retiros, posiblemente no tenga sentido hacer más reformas previsionales. Hay algo de tiempo para evitar este desastre, pero requiere de acuerdos políticos amplios y urgentes.

Guillermo Larraín
Académico Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile