Después de varios meses se dio a conocer el resultado del trabajo de tres universidades estatales, encargado por la Secretaría General de Gobierno, en torno a los medios de comunicación. Participaron organizaciones tales como el Colegio de Periodistas, representantes de Anatel, Arcatel y otros. Pero también se negaron las entidades de más larga historia, como la Asociación Nacional de la Prensa, que, recogiendo 70 años de experiencia, detectó serios riesgos: una actividad dirigida por funcionarios estatales y financiada con dineros fiscales, que para más abundamiento se realizaba en dependencias gubernamentales, no favorecía fuera una auténtica iniciativa de promoción de la libertad de prensa. La confección del estudio se encargó a tres universidades, sin concurso ni licitación, sino solo indicando que se trataba de entidades estatales. Es revelador que, pese a haber sido uno de los anuncios de la última cuenta presidencial, el informe entregado intente ahora atenuar ese origen político.

Por cierto, no hubo sorpresa con sus recomendaciones: terminaron proponiéndose ideas que ya figuraban en el programa del candidato Gabriel Boric o que fueron parte de los debates de la Convención Constitucional, siendo aun allí rechazadas. La propuesta principal consiste en recomendar que se utilicen recursos del Estado para fomentar la creación de medios locales, regionales y comunitarios. Con el fin de promover la interculturalidad y la perspectiva de género, se recomienda usar fondos estatales para sostener medios de distintos grupos, incluyendo a comunidades de pueblos originarios y de migrantes. También existen propuestas de cambios educacionales mediante un plan nacional “coordinado por la Secretaría General de Gobierno”; la implementación desde el Estado de orientaciones de diversidad cultural y enfoque de género para los medios, e incluso para la acreditación de las carreras de Periodismo.

Los autores confunden el sentido de las comunicaciones estatales, considerándolas una suerte de subvención a los medios. Así, proponen establecer criterios más amplios que las audiencias y que se definan máximos a gastar en una empresa, para “asegurar la participación de todos los medios de comunicación en la repartición de los recursos estatales”. Por cierto, también, se afirma en palabras vacías la construcción de protocolos para proteger a los periodistas. Pero hasta ahora no ha habido esa protección y ciertas agresiones sufridas por profesionales aislados, como un editor en Quillota, víctima de una mafia de delincuentes en su propio diario, o la destrucción de las instalaciones de otros tantos medios, no han despertado protestas vigorosas de las autoridades.

Era difícil esperar de una iniciativa como esta un resultado que favoreciera la libertad de expresión en Chile. En los últimos 30 años, esta se ha fortalecido notoriamente. Los rankings internacionales así lo han reconocido y aunque esa posición recientemente ha declinado por la violencia que han sufrido periodistas, aún está en buen pie si se compara con otros países que parecen estar sirviendo de modelo para algunos académicos. Harían bien ellos en recordar las palabras del Presidente Boric: “La democracia se fortalece con pluralidad de medios, con medios que incomoden al poder”. Pero no incomodarán al poder quienes dependen de él para su subsistencia.