La comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados lleva algo más de dos meses revisando el proyecto de reforma del sistema de pensiones. El plan del Gobierno es que la comisión lo vote en general —esto es, que vote la idea de legislar— la semana que viene. Es de esperar que se apruebe este primer paso, en particular porque se trata de un tema que sistemáticamente ha estado entre las demandas más sentidas por la ciudadanía y sobre el que ya hay varios intentos fallidos de reforma.

De hecho, la ciudadanía espera más que un acuerdo en la sola idea de legislar. También espera que el sistema sea realmente reformado. Así lo indican los resultados de una encuesta recientemente levantada por Espacio Público, el PNUD e Ipsos que muestran que un 86% de la ciudadanía opina que es bastante o muy importante que el actual Congreso logre un acuerdo de reforma.

De la discusión se perciben varios nudos. Uno de ellos es hacia dónde destinar los 6 puntos de cotización adicional. Por un lado, se esgrime que dada la creación de la PGU ya no es necesario un fondo común que financie apoyos a quienes hoy están jubilados o están próximos a hacerlo, ni usarlo para introducir equidad de género o mitigar riesgos como el de lagunas previsionales por cesantía. Por el otro, se dice que ya tenemos un componente individual suficientemente grande, que quienes están próximos a pensionarse no ganan nada con hacer crecer las cuentas individuales y que cada vez será más difícil financiar los componentes de seguridad social exclusivamente con fondos públicos.

Buena parte de la ciudadanía parece ubicarse en algún punto entremedio de estas dos visiones. En contraste a como tituló este medio la noticia, la mayoría (un 54%) de los encuestados del estudio citado dice que quisiera que una parte o la totalidad de la cotización adicional se deposite en un fondo común (un 3% no expresa preferencia; el resto prefiere que todo vaya a su cuenta individual).

La última encuesta CEP llegó a un resultado similar: en promedio, del total de la cotización (la actual más la adicional), las personas desean que un 26% vaya a un fondo común. Esto es equivalente a que algo más de 4 de los 6 puntos en discusión se depositen en ahorro colectivo. Así, las personas valoran el esfuerzo que significa el ahorro individual y a la vez buscan la seguridad que solo un fondo común puede proveer.

Entonces, ¿cuál es la mejor distribución de los seis puntos? Para ello es importante fijar más claramente los objetivos de la reforma respecto de la suficiencia de las pensiones. ¿A qué tasas de reemplazo y niveles de pensiones aspiramos? ¿Para hombres y mujeres? ¿Para personas de bajos y altos ingresos? ¿Para los que han cotizado por pocos o por muchos años? ¿Para los prontos a jubilarse y los que lo harán en el futuro? Al mismo tiempo, también es importante tener una evaluación acabada de cómo son las pensiones hoy en todas estas dimensiones luego de los retiros y de la creación de la PGU. Esta es una discusión que aún no se tiene y que es la que, en definitiva, debe fijar el camino más concreto de reforma.

Otro nudo es la extensión de la PGU. El proyecto del Gobierno plantea levantar el requisito de focalización de haber recursos fiscales. Algunos incluso han propuesto adelantar el pago a los 60 años. Dadas las demás urgencias ciudadanas, no basta con que se apruebe la reforma tributaria para que haya recursos. Solo para poner el dilema en perspectiva, instalar un sistema nacional de cuidados costaría alrededor de 1,5 puntos del PIB si seguimos el ejemplo de la OCDE. Eso es un 40% de lo que el Gobierno espera recaudar de aprobarse la reforma tributaria. A ello se suman urgencias en salud, educación y vivienda, entre otras. Extender la PGU a toda la población —proporcionalmente a hombres de altos ingresos que son quienes no están cubiertos hoy—, no parece lo más urgente.

Luego están los elementos de la discusión que desvían del objetivo de traer más recursos a las pensiones. La idea del autopréstamo es una de ellas, algo que el propio Gobierno incorporó al proyecto quizá intentando detener los proyectos más ambiciosos de algunos diputados. Esto sería tratar de resolver las vulnerabilidades de la vida activa a costa de una mayor vulnerabilidad durante la jubilación. En la misma línea está el tema de las herencias, que busca dejar recursos a familiares a costa de las pensiones, a pesar de que el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia ya protege a hijos, hijas y cónyuges sobrevivientes.

La lista de nudos es más larga que esta, por cierto. Pero quizá lo más importante es que el Congreso y el Ejecutivo logren un acuerdo para instaurar un sistema realmente mixto y financieramente sostenible. A fines de 2019, la Cámara de Diputados avanzó en esa dirección. Es de esperar que el Congreso actual pueda seguir construyendo sobre lo ya acordado.