En su famosa obra “El contrato social”, el filósofo Jean Jacques Rousseau argumentó que existía una “voluntad general” del pueblo, la que se encarnaba en el Estado y que era distinta a la voluntad separada de cada persona que integra ese mismo pueblo. Según Rousseau, puesto que la voluntad general al mismo tiempo comprende el interés de todos, esta es infalible: “La voluntad general está siempre en lo correcto y tiende a la ventaja del público”, afirmó. Ahora bien, dado que es la clase gobernante la que interpreta la voluntad general, para Rousseau, entonces, es la autoridad política que controla el poder la que es realmente infalible. Ella siempre sabe lo que es mejor para el pueblo, pues, en cierto sentido, la autoridad es el pueblo.

Las implicancias de esta filosofía son evidentes. El filósofo Isaiah Berlin, analizando la doctrina de Rousseau, afirmó que este cae en un misticismo letal para la libertad al pensar que existe algo como la “voluntad general” encarnada en el Estado que sabe mejor que los individuos cuál es su bien y su interés. Para Berlin, la teoría rousseauniana es una de la “servidumbre absoluta” y sirvió de justificación para Robespierre y sus crímenes durante la sangrienta Revolución Francesa, para Hitler y las dictaduras comunistas en general.

La visión liberal clásica postula todo lo contrario a la teoría de Rousseau. Desde esta perspectiva, la sociedad, el pueblo o el Estado, ni tienen inteligencia propia, ni actúan, ni tienen emociones ni derechos porque no son entes aparte de las personas que los integran. El sociólogo alemán Max Weber daría cuenta de la piedra angular de la filosofía liberal al explicar que “para fines sociológicos no existe algo así como una personalidad colectiva que actúa. Cuando se hace referencia en el contexto sociológico a un Estado, nación, o corporación… o colectividades similares, lo referido… es solo cierto tipo de desarrollo de acciones sociales actuales o posibles de personas individuales”. Si Weber tiene razón, entonces “la sociedad” o “el pueblo” no pueden tener intereses distintos a los de sus miembros y el “bien común” debe tender a coincidir con lo que interesa a cada uno de los integrantes de la sociedad. Y si eso es así, se llega necesariamente a entender el “bien común” o “interés general” como las condiciones que permiten a cada persona perseguir libremente, y sin dañar a terceros, sus propios fines.

Thomas Jefferson expresaría esta idea de manera insuperable cuando sostuvo que “el bien común se promueve de la mejor manera por el esfuerzo de cada individuo buscando su propio bien a su propio modo”. La consecuencia de esta visión es que el interés general se funda esencialmente en la protección de los derechos individuales —vida, libertad y propiedad— de todos los miembros de la comunidad. Ese, y no otro, es el rol primordial del Estado entendido, según lo definió el mismo Weber, como aquel grupo de personas que detenta el monopolio de la violencia física considerada legítima dentro de un determinado territorio. Al mismo tiempo, afirma el liberalismo, dado que el Estado son personas potencialmente corruptas con enorme poder, su alcance debe encontrarse estrictamente limitado.

Como se puede ver, es porque la propuesta liberal se deriva de constataciones sociológicas sobre lo que son realmente el Estado, el individuo y la sociedad, y no de abstracciones de tipo religiosas como la idea de “voluntad general”, la razón por la que garantiza de mejor manera tanto el respeto por los derechos fundamentales individuales, como la promoción del bien común. Cuando el Estado, en cambio, se concibe como un ente semidivino que encarna el bien del “pueblo”, termina por aplastar o dañar severamente al individuo socavando inevitablemente el bien común. Esta es una lección que debería encontrarse en el corazón de todo proyecto constitucional, especialmente en América Latina, donde el misticismo estatista de tipo rousseauniano es hegemónico en amplios círculos intelectuales y políticos.